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La IGP Jamón Serrano reaviva el conflicto sectorial

Productores de Trevélez y Serón se oponen a la indicación geográfica protegida nacional, alegando competencia desleal y confusión para el consumidor.

Primer plano de una pata de jamón serrano con su sello de calidad sobre una tabla de madera rústica.
IA

Primer plano de una pata de jamón serrano con su sello de calidad sobre una tabla de madera rústica.

La indicación geográfica protegida (IGP) Jamón Serrano ha reactivado su proceso de tramitación, reavivando el conflicto entre la gran industria cárnica y los productores artesanales de Trevélez y Serón, quienes temen competencia desleal.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado el reinicio de los trámites para la creación de la IGP Jamón Serrano, acatando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el proceso anterior por un defecto de forma. Este fallo judicial, resultado de un recurso interpuesto por productores andaluces, exigía un informe previo de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Los pequeños productores de Trevélez (Granada) y Serón (Almería) rechazan la iniciativa, argumentando que la IGP tergiversa el concepto de calidad y perjudica a la industria artesanal. Consideran que el término 'jamón serrano' se asocia a un producto curado naturalmente en la sierra, mientras que la IGP permitiría certificar jamones secados con control artificial de temperatura y sin requisitos de razas específicas o curación por peso.
La presidenta de la entidad de Trevélez, Pilar Álvarez, señala que la nueva IGP no respeta el vínculo territorial, al abarcar la totalidad del país y dificultar la obtención de un producto homogéneo, lo que podría confundir al consumidor. Añade que la reputación del jamón serrano se corresponde con la producción artesanal, no con la producción a escala industrial.
La patronal Confecarne, a través de la Asociación de Industrias de la Carne de España (Anice), defiende la IGP como una fórmula para reforzar la protección jurídica del nombre, preservar el prestigio y fortalecer la competitividad internacional del jamón serrano español. Argumentan que la figura aportaría una mayor protección frente a productos de otros países.
Los productores andaluces alertan también del impacto socioeconómico en el entorno rural, ya que la aprobación de una normativa más laxa podría incentivar la deslocalización de industrias hacia zonas más industriales para abaratar costes. Anice, por su parte, se muestra dispuesta a colaborar con el Ministerio para completar los trámites.
Según datos del Ministerio de Agricultura de 2024, la producción de jamón serrano bajo la actual calificación ETG alcanzó 22 millones de piezas, con un valor económico récord de 1.320 millones de euros. Casi seis millones de piezas se destinaron a exportación. El jamón serrano representa el 90,6% del valor total de las piezas de jamón y paleta curadas certificadas en España.