Durante una sesión de control, el ministro del Interior y un senador del Partido Popular protagonizaron un acalorado intercambio de reproches. El senador de la oposición criticó la supuesta escasez de medios humanos y materiales, que, según él, está llevando a la Guardia Civil a una situación de «abandono» en la región.

El representante del Partido Popular señaló directamente al ministro y a la exministra de Hacienda como responsables de las «precarias condiciones» que enfrentan los agentes. Detalló problemas específicos en varias provincias andaluzas: en Almería, mencionó patrulleras obsoletas, falta de helicópteros y un cuartel en Roquetas de Mar en condiciones deficientes; en Granada, afirmó que el 60% de los vehículos policiales están «fuera de servicio»; y en Málaga y Jaén, cuarteles envejecidos y problemas de infraestructura en la Academia de Baeza. También destacó que en Córdoba, un tercio de las instalaciones se encuentran en estado de «abandono».

En respuesta, el ministro del Interior defendió la gestión del Gobierno, asegurando que el número de agentes es superior al de administraciones anteriores del Partido Popular. Presentó datos que indican un aumento de 142.000 a 162.000 agentes en toda España desde 2018, con 5.000 de ellos recuperados específicamente para Andalucía. Además, anunció un refuerzo de 2.000 agentes para el Plan Turismo Seguro durante el periodo estival.

El ministro también rebatió la crítica sobre el aumento de las estadísticas de tráfico de drogas, argumentando que esto no refleja una mayor inseguridad, sino una mayor eficacia policial en la incautación. Subrayó la inversión de 1.900 millones de euros en los Planes de Infraestructuras para la Seguridad del Estado y los cinco planes especiales para el Campo de Gibraltar como prueba del compromiso del Gobierno con la seguridad.