Las autoridades andaluzas han reforzado la vigilancia sobre los alojamientos turísticos que operan sin cumplir la normativa. Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio para regular el sector y abordar la crisis de la vivienda, con la implementación de ciberpatrullas y un aumento de inspectores.
Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 20 de abril de 2026, la Junta de Andalucía ha cancelado un total de 14.755 pisos turísticos en toda la comunidad. Solo en lo que va de 2026, la cifra asciende a 2.087 viviendas clausuradas.
En el desglose por provincias, Almería se sitúa como la tercera con mayor número de cancelaciones en 2026, con 259 viviendas anuladas. Le preceden Málaga (678) y Cádiz (438). En cuanto a las capitales, la ciudad de Almería ocupa el quinto lugar con 62 clausuras, por detrás de Sevilla (132), Málaga (102), Granada (127) y Córdoba (63).
La mayoría de estas clausuras, 1.104, se realizaron a instancia de parte, mientras que 983 fueron resultado de inspecciones y revisiones de oficio por parte de la administración. La situación ha generado un debate social significativo, especialmente en los centros históricos de las capitales andaluzas, donde la proliferación de estos alojamientos es más notoria.
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), emitido el 18 de febrero, ha respaldado la capacidad de los ayuntamientos para limitar las viviendas turísticas. La sentencia avala la decisión del Ayuntamiento de Málaga de restringir estos alojamientos a un máximo del 8% del parque de viviendas en ciertos barrios, argumentando la protección del derecho a la vivienda y la preservación de la función residencial.
En la provincia de Almería, la preocupación es particularmente alta en los municipios costeros. Vera encabeza la lista con 2.743 viviendas de uso turístico, sumando 12.683 plazas. Le siguen Roquetas de Mar con 2.301 viviendas (10.735 plazas), Mojácar (1.878 viviendas, 9.588 plazas), la capital de Almería (1.756 viviendas, 8.841 plazas) y Níjar (1.290 casas, 6.777 plazas).
