El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha iniciado las obras de demolición de dos módulos del CEIP Emilia Olivares, una actuación motivada por la aparición y evolución de importantes grietas y deficiencias estructurales que han venido siendo objeto de seguimiento técnico desde 2022. La intervención municipal responde al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad del alumnado, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa del centro, acometiéndose con recursos municipales ante la falta de acuerdo con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre la administración responsable de ejecutar las actuaciones necesarias.
El alcalde, Anthony Bermúdez, ha señalado que el Ayuntamiento “afronta en solitario” el coste de la demolición, al considerar prioritario actuar ante el agravamiento de los daños detectados en el edificio. Bermúdez lamenta la “falta de lealtad y de voluntad política” de la Junta de Andalucía por no asumir una actuación de su competencia, similar a la que ejecutó en 2020 en otros centros educativos. El regidor recuerda que, si bien el mantenimiento ordinario de los colegios corresponde a los ayuntamientos, la construcción de nuevos edificios o la reparación de daños estructurales extraordinarios son competencia autonómica.
Las grietas en dos de los módulos, de dos plantas y con cuatro aulas en total, fueron objeto de distintos informes técnicos desde septiembre de 2022. Técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ya señalaron en noviembre de ese año la urgencia de actuar, estimando las actuaciones necesarias en unos 200.000 euros. Posteriormente, un informe del arquitecto municipal de julio de 2023 estableció un coste de reposición de 313.806,05 euros, lo que, según el informe, correspondía a la Junta de Andalucía. En mayo de 2024, un estudio geotécnico concluyó que la cimentación antigua no cumplía las exigencias normativas actuales y presentaba daños.
Ante la evolución de las deficiencias y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, el Ayuntamiento ha decidido acometer la demolición. La concejala de Educación, Maribel Plaza, ha defendido que la reconstrucción le corresponde a la Junta de Andalucía y ha reclamado una mayor implicación de la administración autonómica con los centros educativos del municipio, recordando que en 2020 la Junta sí asumió competencias similares.
