El desarrollo del Caso Mascarillas ha experimentado un giro significativo. Tras días de silencio y versiones defensivas unificadas que sugerían que las licitaciones de la Diputación Provincial se realizaban casi por obligación institucional o incluso con pérdidas, la estrategia de las defensas se ha visto comprometida. José María Llamas, exportavoz y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Cantoria, ha alterado el curso procesal al admitir ante el juez instructor que mantenía contactos directos con el exvicepresidente Óscar Liria para solicitar obras, lo que dinamita la línea de contención seguida hasta ahora en la causa.
Llamas, investigado por su relación con una de las empresas implicadas en el presunto reparto fraudulento de contratos menores, decidió someterse voluntariamente al interrogatorio. Ante el magistrado, la fiscalía y las acusaciones, el político local reconoció con naturalidad que acudía al Palacio Provincial para interesarse por las obras que le correspondían. Sostuvo que este tipo de acuerdos bilaterales no constituían un delito, argumentando que lo ilegal habría sido la entrega de una contraprestación económica, y retó a las acusaciones a demostrar la existencia de pagos.
La declaración de José María Llamas no solo afecta a la cúpula política investigada, sino que debilita la posición de otros empresarios encausados. Mientras grandes constructoras de la provincia defendían que asumir estos contratos menores era poco rentable y lo hacían por deferencia institucional, el investigado desmontó esta coartada al afirmar: "¿Qué se han creído, que me iba a presentar si no fuera a ganar dinero?", confirmando así que las adjudicaciones bajo sospecha sí reportaban beneficios reales.
Este revés procesal se produce mientras se analiza el perfil del contratista en la trama. Los letrados distinguen entre las grandes corporaciones, para quienes estos contratos menores suponen menos del 0,1% de sus ingresos, y las pequeñas mercantiles locales, cuya subsistencia dependía directamente de la Diputación. Para el entramado periférico de la comarca del Almanzora, el control de las invitaciones cerradas era clave para su beneficio anual.
El principal declarante de la jornada tiene antecedentes judiciales. En julio de 2011, el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería condenó a José María Llamas a 24 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, tras acreditarse la construcción de 13 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable en Cantoria.
La tensión aumentó con la declaración de la socia de Llamas en la mercantil investigada, esposa del exalcalde de Cantoria, Pedro Llamas. La investigada, de avanzada edad y auxiliada por un andador, mostró desconocimiento sobre balances y gestión de la compañía. Al ser preguntada por su participación y firma en los talones, reconoció que administraba la entidad porque su marido no podía ejercer en ese momento, aludiendo a su inhabilitación.
Las contradicciones se extendieron a otros contratistas. El responsable de una empresa de sanidad ambiental intentó desvincularse alegando escasa coincidencia con el exconcejal. Sin embargo, su coartada se desmoronó al referirse al investigado como "Pepe", un desliz que el juez y el fiscal aprovecharon para evidenciar una relación de confianza.
El abogado de la acusación popular, en representación del PSOE, Javier Salvador, describió el patrón delictivo como una "ingeniería de la mordida" para manipular la contratación pública. "La presunta red funcionaba a modo de taifas, ya fuese en Fines con la familia Sánchez, Cantoria con Llamas o Tíjola con Martínez y su esposa", denunció, describiendo una estructura con invitaciones exclusivas a empresas aliadas.
Al término de la sesión, Salvador reconoció implícitamente el giro de la causa, señalando que "todo empieza a encajar". El letrado mantuvo la reserva del proceso, indicando que el contenido del interrogatorio debía quedar entre las partes.
