La construcción de la nueva línea aéreo-subterránea de doble circuito a 132 kV en el Valle de Lecrín ha generado una fuerte oposición comarcal. Organizaciones ecologistas señalan que los supuestos beneficios de la infraestructura, justificados bajo la etiqueta de "utilidad pública", no compensan el daño previsto sobre el paisaje, la economía agraria y la calidad de vida de los residentes.
Se ha puesto especial énfasis en la situación del municipio de Padul, descrito como un "nodo de sacrificio energético". Un análisis cartográfico revela la concentración de múltiples líneas de transporte y tendidos de evacuación de macroplantas fotovoltaicas en este término municipal, lo que, según los denunciantes, supone un "castigo desproporcionado" que limita su desarrollo sostenible.
El trazado de la nueva línea eléctrica cruzará la Cañada Real de Granada a Almuñécar. Las plataformas advierten que la instalación de torres de celosía de gran tonelaje alterará de forma irreversible el paisaje, provocando la pérdida de cubierta vegetal y la fragmentación de microhábitats delicados.
Además, las organizaciones consideran que las balizas salvapájaros incluidas en el proyecto son una medida "insuficiente" para mitigar el riesgo de colisión para la avifauna, un punto crítico para la biodiversidad de la zona.
