Pese a la persistente lluvia, la movilización congregó a numerosos ciudadanos y representantes de municipios ribereños, quienes expresaron su rotundo rechazo a los planes de vertido de residuos mineros. La protesta, que partió de la Capilla del Carmen de Bajo de Guía hasta la calle San Juan, contó con el respaldo de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, la plataforma ‘Salvemos el Guadalquivir’, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
El conflicto se centra en la reactivación de la actividad minera en la provincia de Sevilla, que prevé la extracción de 76 millones de toneladas de mineral en 17 años. La principal preocupación es el plan de verter cerca de 120.000 millones de litros de aguas residuales al cauce del Guadalquivir, lo que los manifestantes consideran una amenaza existencial para la biodiversidad del río y la seguridad alimentaria.
“"El puerto de Bonanza representa el segundo motor pesquero de Andalucía, por lo que cualquier alteración en la calidad de las aguas supondría un golpe letal para la economía local."
Durante la marcha, los portavoces de las organizaciones convocantes demandaron una moratoria inmediata en las autorizaciones y la creación de un comité de expertos independientes para evaluar los posibles impactos en la salud y el ecosistema. La alcaldesa de Sanlúcar, quien encabezó la representación institucional, recordó el desastre ecológico de 1998 y destacó la importancia del puerto de Bonanza para la economía pesquera andaluza.
Ante la desestimación de sus alegaciones por parte de la Junta de Andalucía, el consistorio ha anunciado que elevará el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente. Esta acción legal busca proteger el estuario frente a lo que las autoridades municipales consideran una decisión administrativa que ignora los riesgos de una actividad minera a gran escala en un ecosistema tan frágil como el del Guadalquivir.
