La investigación judicial, que se ramifica hacia Andalucía, se centra en la presunta participación de Leire Díez, militante socialista, y Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, en una operación para influir en procesos judiciales. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien investigó el caso ERE y otros asuntos sensibles, es una figura clave en esta trama.
Antonio Balas, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica de la UCO, ha estado al frente de investigaciones que afectan al PSOE, incluyendo el caso de las minas de Aznalcóllar y el del ex fiscal general Javier Ortiz. Recientemente, interrogó a generales de la Guardia Civil por orden del juez Pedraz para esclarecer posibles filtraciones internas.
La investigación de Pedraz se inició tras una reunión en la sede del PSOE en Ferraz el 26 de abril de 2024, donde Leire Díez afirmó tener audios que demostrarían una campaña contra Pedro Sánchez. Según el juez, Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, habría puesto la estructura del partido a disposición de este grupo para desacreditar investigaciones.
Vicente Fernández, quien fue absuelto en el caso Aznalcóllar tras ser apartado de la Sepi, mantenía relación con Antxon Alonso, propietario de Servinabar, y Leire Díez, formando un grupo de WhatsApp. Otro juez, Arturo Zamarriego, ya investigaba sus acciones para obstaculizar pesquisas judiciales.
El ex consejero andaluz Gaspar Zarrías también está siendo investigado por supuestamente financiar actividades de Leire Díez a través de su empresa, Zaño Sociedad Consultora, por sugerencia de Cerdán. Zarrías sostiene que la contrató por información sobre el caso ERE, pero prescindió de ella al no dar resultados.
El juez Pedraz cree que Leire Díez cobró de Ferraz a través del abogado Ismael Oliver, mediante facturas gestionadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, sumando un total de 27.225 euros. Antes de esto, Díez preguntó en el grupo Hirurok si cobraría a través de "Andalukadi".
La investigación también busca determinar cuántas veces ha visitado la sede de Ferraz el investigador de la Policía Nacional Rafael Salvador Moreno, quien dirigió la primera instrucción del caso ERE en Sevilla antes de ser apartado por la juez Alaya y sustituido por Antonio Balas.
El juez cita, aunque no imputa, al diputado jiennense Juan Francisco Serrano, quien asistió a la reunión en Ferraz el 26 de abril de 2024, al igual que Antonio Hernando y Ion Antolín, responsable de prensa del PSOE entonces. Serrano alega que su presencia se debió a su participación en la comisión de investigación sobre Villarejo.
El juez Pedraz ha registrado hasta 22 encuentros entre Santos Cerdán y Leire Díez, lo que refuerza la acusación de que el partido se puso al servicio de los miembros de Hirurok. La documentación obtenida por la UCO en los registros recientes está en manos del magistrado, anticipando nuevas resoluciones.
