La polémica en torno a la mina de Aznalcóllar ha vuelto a encender el debate en el Bajo Guadalquivir. El pasado 11 de mayo, más de un millar de personas se congregaron en Sanlúcar de Barrameda para protestar contra los vertidos de las minas de Aznalcóllar y Gerena al río Guadalquivir. Los manifestantes, incluyendo asociaciones ecologistas, pescadores y alcaldes ribereños, solicitaron una "moratoria" del proyecto ante la preocupación por las repercusiones medioambientales, económicas y sociales.
El temor a que se repita el desastre ecológico de 1998, cuando la rotura de la balsa de la empresa Boliden provocó el vertido de millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, marca la memoria colectiva. Aquella catástrofe contaminó miles de hectáreas, afectó kilómetros de cauces fluviales, causó la muerte de toneladas de peces y destruyó miles de empleos, con pérdidas económicas estimadas en 11 millones de euros según Greenpeace.
La oposición se ha intensificado ante los avances en la tramitación para la reactivación de la explotación por parte de la Minera Los Frailes, S.L. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, expresó su rechazo total al proyecto, recordando el impacto de 1998 en su localidad, uno de los principales puertos pesqueros de Andalucía. El consistorio ha presentado alegaciones y prepara una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Las autorizaciones de vertido se han dado con un modelo de comportamiento de los metales totalmente anticientífico
Un grupo de investigadores de universidades andaluzas, liderado por Jesús Manuel Castillo, catedrático de la Universidad de Sevilla, critica las autorizaciones de vertido, calificándolas de "anticientíficas". Sostienen que el modelo propuesto por la Junta de Andalucía y la empresa minera no considera adecuadamente la interacción de los metales pesados con las partículas en suspensión del estuario, lo que podría llevar a su sedimentación y entrada en la cadena trófica.
Castillo advierte que ya se han registrado niveles elevados de metales como zinc y arsénico en la desembocadura, con peces y galeras mostrando concentraciones preocupantes. Los nuevos vertidos, según el investigador, podrían multiplicar esta situación, poniendo en riesgo la salud ambiental, pública y socioeconómica de la región.
Entidades como Ecologistas en Acción, junto con los ayuntamientos y científicos, reclaman la creación de un "comité de expertos independiente" para reevaluar los controles de vertidos. Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, alerta sobre la falta de evaluación acumulativa de los vertidos previstos durante 17 años.
Por su parte, la Junta de Andalucía y la Minera Los Frailes defienden el proyecto, que será subterráneo y no dispondrá de balsas de residuos como la anterior explotación. Aseguran que se aplicarán las "mejores tecnologías disponibles" y que "no se verterá al Guadalquivir ni un solo litro de agua que no haya sido tratado previamente y que no cumpla con la normativa". La inversión inicial en la estación de tratamiento de agua asciende a 50 millones de euros.
La administración autonómica ha establecido un "plan de vigilancia y control extremadamente exhaustivo y garantista", que incluye más de 75.000 análisis de muestras durante la vida del proyecto, abarcando parámetros físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos. La empresa también está obligada a ejecutar planes de vigilancia y control propios, con una inversión adicional de 49 millones de euros en canalización y seguimiento.
La producción está prevista entre 2028 y 2029, con una inversión inicial de 450 millones de euros. La Minera Los Frailes destaca un plan de restauración ambiental para rehabilitar las áreas afectadas, tanto por la actividad pasada como por la actual, con el objetivo de convertirlas en espacios naturales restaurados.
Los pescadores de Sanlúcar, representados por la Cofradía de Pescadores, se unieron a las protestas exigiendo "información" y "seguridad" para continuar su actividad. Buscan garantías de que los caladeros permanecerán sanos y los productos pesqueros aptos para el consumo, sin entrar en valoraciones políticas.
La mina de Aznalcóllar vuelve a ser el centro de un debate que enfrenta a administraciones, científicos, empresas, ecologistas y sectores económicos, en la antesala del 30º aniversario del desastre medioambiental de 1998, entre la preocupación por el impacto ambiental y la necesidad de empleo.
