El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha recibido con preocupación el contundente informe de la Inspección de Trabajo, que confirma las advertencias del sindicato sobre la situación del Consorcio Comarcal de la Sierra de Cazorla. El organismo inspector ha detectado "enorme gravedad" en las deficiencias detectadas, que afectan al desarrollo diario de la actividad y a la seguridad de los trabajadores.
Entre los incumplimientos más destacados se encuentran la ausencia de procedimientos escritos que detallen las unidades mínimas de intervención, las funciones por tipo de siniestro, la cadena de mando y el recurso preventivo. Asimismo, se señala la falta de protocolos de intervención, dotación mínima y la acreditación de formación preventiva suficiente para el manejo de equipos de trabajo.
El informe también pone de manifiesto carencias en la salud laboral, como la ausencia de una evaluación higiénica específica frente a humos diésel y otros agentes cancerígenos, además de fallos en el mantenimiento preventivo documentado de vehículos y equipos de emergencia. El SAB recuerda que los bomberos están expuestos constantemente a riesgos como incendios estructurales y accidentes de tráfico.
Que no haya multa administrativa ordinaria no significa que no haya incumplimiento, ni mucho menos que exista impunidad.
El sindicato compara la situación con la de una empresa privada, donde estos hechos podrían acarrear multas de miles de euros. Sin embargo, al tratarse de una Administración Pública, se aplica un procedimiento especial con requerimientos y medidas correctoras. El SAB exige la ejecución inmediata de estos requerimientos con plazos, presupuestos y control sindical.
El SAB ha revelado que ha solicitado en dos ocasiones una reunión con el máximo responsable del Consorcio sin obtener respuesta. Instan al presidente del Consorcio y al de la Diputación de Jaén a asumir su responsabilidad como empleadores. A pesar de la gravedad, el sindicato se ofrece como asesor técnico para "poner orden" en el servicio, pero advierte que la persistencia de los incumplimientos podría derivar en exigencias de responsabilidades penales o judiciales.
