La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 24 de mayo de 2028 el inicio de un juicio sobre las ayudas de 2,5 millones de euros concedidas a la empresa cordobesa Matadero de Fuente Obejuna hace aproximadamente veinticinco años. La vista oral, que estaba prevista para mayo de este año, tuvo que ser aplazada a finales de abril al no poder localizarse a uno de los procesados.
Según consta en una providencia del pasado 27 de abril, la Sala acordó la suspensión tras la renuncia del abogado de Inocencio E.P., quien alegó imposibilidad de contactar con su cliente. El tribunal admitió haber tenido "imposible establecer contacto" con el acusado, un extrabajador incluido en el ERE a pesar de que su vinculación con la empresa había finalizado años antes, para garantizar una defensa eficaz.
Se libró un exhorto al Juzgado Decano de Peñarroya-Pueblonuevo para requerir personalmente a Inocencio E.P. que designase una nueva defensa o contactase con la actual. De no hacerlo, se exponía a una orden de búsqueda y captura. La nueva fecha para el juicio, que constará de dieciocho sesiones y concluirá el 26 de junio de 2028, se comunicó en una diligencia de ordenación del 18 de junio.
La Audiencia ha establecido que todas las jornadas comenzarán a las diez de la mañana y se reserva la potestad de ajustar el calendario. Asimismo, ha dado un plazo de cinco días a las partes personadas para que informen sobre si los acusados desean declarar al inicio o al final de la vista oral, con el fin de organizar las sesiones.
Se ha emitido una advertencia importante: las partes solo dispondrán de tres días para solicitar una nueva suspensión, únicamente si ya tuvieran otro juicio señalado para las mismas fechas. Transcurrido este plazo, no se admitirán más peticiones de aplazamiento.
La lentitud de la Justicia es una afirmación que a veces se queda corta. La macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía es un buen cúmulo de ejemplos.
En esta causa, según el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, figuran varios acusados como el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, investigado como presunto "conseguidor" de ayudas, y Antonio Albarracín, exdirectivo de la consultora Vitalia. También se sentarán ante el tribunal el presidente de la asociación de extrabajadores del Matadero de Fuente Obejuna, su esposa, un supuesto "amigo" de Lanzas y dueño de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, junto a la hija y pareja de este último, quienes presuntamente cobraron fondos públicos sin ser empleados.
El juez José Ignacio Vilaplana estableció que la causa se centraba en 2.528.258 euros correspondientes a la prima de la póliza de renta colectiva de la asociación de extrabajadores, concedidas a sabiendas de su ilicitud con cargo a la partida presupuestaria 31L de fondos autonómicos.
