La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha emitido un informe detallado sobre la retirada de cartelería electoral durante la campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía. Según el documento, se retiraron un total de 257 elementos, de los cuales 132 correspondían a la candidatura del PSOE, 45 al PP, 41 a la coalición Por Andalucía, 30 a Vox y 9 a Adelante.
El informe, rubricado por la dirección de Urbanismo, explica que la actuación se llevó a cabo tras una inspección del servicio de Alumbrado Público el 1 de mayo. Esta inspección reveló que la instalación de la cartelería comprometía la solidez estructural de los soportes y los pernos de fijación, especialmente ante el viento y la ausencia de juntas de caucho protectoras en los herrajes metálicos.
Una de las zonas donde se detectaron soportes en situación “grave” fue la Carretera Carmona, donde 35 de los carteles retirados eran del PSOE (31) y de Vox (4). La dirección de Urbanismo advirtió que los soportes de alumbrado público, con alturas de entre 9 y 14 metros y un peso de cientos de kilos, podrían causar “daños muy graves para la salud de las personas o para los vehículos” en caso de desplome.
“"La autorización para el montaje de banderolas sobre soportes de alumbrado se concede únicamente cuando la documentación técnica presentada por la empresa instaladora es correcta y los soportes cumplen las condiciones de seguridad."
El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que la Junta Electoral de Zona (JEZ) habilita espacios específicos para la propaganda electoral y que los partidos deben solicitar los permisos correspondientes en esos lugares. La retirada se realizó en aquellos elementos ubicados en espacios no autorizados, sin permiso o que no garantizaban la seguridad ciudadana.
La decisión generó críticas por parte de algunos partidos afectados. Un representante del PSOE de Andalucía calificó la retirada de “ilegal” y anunció que el partido denunciaría la acción. De manera similar, un portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense acusó a la alcaldía de “cruzar una línea gravísima” al ordenar la retirada de publicidad electoral en espacios que, según ellos, habían sido asignados formalmente.
