Orientadores laborales de Andalucía denuncian precariedad salarial y exigen mejoras a la Junta

Profesionales del programa Andalucía Orienta, con salarios congelados desde hace una década, reclaman condiciones dignas y un modelo de financiación más justo.

Imagen genérica de documentos y manos, simbolizando la burocracia y las finanzas.
IA

Imagen genérica de documentos y manos, simbolizando la burocracia y las finanzas.

Más de 700 orientadores laborales del programa Andalucía Orienta, que asisten a 150.000 desempleados anualmente, han iniciado una movilización para exigir a la Junta de Andalucía una actualización salarial y mejores condiciones laborales, denunciando la congelación de sus sueldos desde 2014.

Los orientadores laborales de Andalucía, pilares del programa Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, han alzado su voz contra la precariedad de sus condiciones. Estos profesionales, que guían a personas desempleadas en la búsqueda de trabajo y diseñan itinerarios de inserción, enfrentan salarios estancados desde hace una década, lo que dificulta su propia subsistencia.

"No llego ni al día 10. Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú."

Esteban Robles · Orientador laboral en Granada
La movilización, impulsada por Esteban Robles, un orientador con casi veinte años de experiencia en Granada, ha ganado un respaldo significativo, con más de un millar de firmas recogidas y contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía. La denuncia se centra en el modelo de financiación del programa, que emplea a 722 profesionales en toda la comunidad autónoma y atiende a más de 150.000 personas anualmente.
El problema radica en que el coste máximo subvencionable por orientador no ha variado sustancialmente en los últimos veinte años, manteniéndose congelado desde 2014 en poco más de 32.000 euros anuales. A pesar de un incremento salarial del 20% desde 2004, la inflación acumulada en la última década, que ronda el 25-30%, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Esta situación genera una alta rotación de personal y dificultades para mantener equipos estables, afectando directamente la calidad del servicio ofrecido a personas en situación de vulnerabilidad.
La Consejería de Empleo, por su parte, atribuye la falta de margen para aumentar la financiación a la congelación de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial durante los últimos cuatro años. Sin embargo, los profesionales refutan este argumento, señalando que la congelación es de más de una década y que otras comunidades autónomas han logrado implementar mecanismos de actualización salarial bajo el mismo marco estatal. La Junta ha expresado su disposición al diálogo, aunque afirma no conocer a los impulsores de este nuevo movimiento, que se ha articulado al margen de las estructuras sindicales tradicionales.