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Justicia avala detectives para vigilar bajas fraudulentas en ITV andaluzas

El TSJA respalda la contratación de investigadores privados para detectar fraudes laborales en Veiasa, desestimando la demanda sindical.

Primer plano de una lupa de detective examinando un documento con texto borroso, simbolizando investigación y detección de fraude.
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Primer plano de una lupa de detective examinando un documento con texto borroso, simbolizando investigación y detección de fraude.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado que la empresa pública Veiasa, gestora de las ITV en la región, contrate detectives privados para investigar posibles bajas laborales fraudulentas entre sus empleados.

La Sala de lo Social del TSJA, con sede en Málaga, ha desestimado la demanda interpuesta por el sindicato CGT y el comité de empresa provincial de Cádiz, que pretendían anular la decisión de Veiasa de licitar este servicio de vigilancia. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, concluye que recurrir a investigadores privados para detectar bajas fingidas no vulnera los derechos laborales ni el Estatuto de los Trabajadores.
El tribunal considera que la fiscalización del fraude entra dentro de las facultades de dirección empresarial y que la medida no constituye un espionaje "masivo, preventivo y prospectivo". La Sala argumenta que, al igual que una empresa privada, una entidad pública puede contratar detectives para investigar sospechas fundadas de fraude, siempre respetando la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad de los trabajadores.
La resolución subraya que el contrato solo se aplicará a "asalariados concretos que están bajo sospecha" y no a la totalidad de la plantilla de Veiasa, que ronda los 2.000 trabajadores. La Junta de Andalucía defiende que esta práctica es habitual y se realiza desde 2006, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y detectar fraudes.
La sentencia recuerda que los informes de los detectives, una vez ratificados en sala, tienen el peso de una prueba testifical documentada. Se citan casos anteriores, como el despido de un inspector de la ITV de Vícar (Almería) en 2018, ratificado por el TSJA tras ser cazado por un detective omitiendo revisiones de vehículos, o el despido de un administrativo en Huelva en 2003 por simular dolencias para prolongar una baja.
Actualmente, Veiasa tiene una tasa de absentismo entre el 5% y el 6%. El contrato adjudicado en septiembre de 2023 a la firma E Y JM Asociados 1989 Detectives SL asciende a 36.293,95 euros por dos años. Históricamente, los focos de fraude interno eran el descuadre de dinero y el trato de favor a talleres, vías ahora cerradas por la eliminación del pago en efectivo y la asignación aleatoria de vehículos.