La situación de los juzgados de lo Social de Sevilla es crítica, con citas para juicios programadas hasta el año 2030. Un ejemplo concreto es una demanda presentada en junio de este año cuya vista oral se ha fijado para el 27 de marzo de 2030, en un caso de reclamación de 2.000 euros de una empresa a un trabajador. Este retraso histórico, que afecta a procedimientos urgentes como despidos, se mantiene a pesar de los refuerzos de magistrados implementados durante años.
La decana de los jueces de Sevilla, Reyes Vila, señala que el retraso se remonta a 2009, agravado por la elevada y creciente litigiosidad. Aunque se han aplicado medidas de refuerzo, estas resultan "manifiestamente insuficientes" ante un problema "claramente estructural". Sevilla registra una media de 1.000 asuntos por plaza judicial en julio, frente a los 800 previstos, y se prevé que la cifra final alcance los 1.800 por plaza.
Reyes Vila atribuye el colapso, similar a otras jurisdicciones en Sevilla, a una "infradotada planta judicial" que no puede hacer frente al aumento y complejidad de los asuntos. La sede social de muchas empresas y administraciones públicas en Sevilla genera casos "no conciliables". Se considera "imprescindible" la creación de al menos seis nuevas plazas judiciales, además de mantener las medidas de refuerzo.
El decano de los abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, califica la situación de "especialmente preocupante", indicando que los tiempos de respuesta se han "alejado de lo que resulta razonable para una sociedad moderna". Subraya que "detrás de cada procedimiento hay un trabajador pendiente de su empleo, una empresa que necesita seguridad jurídica o una persona que espera el reconocimiento de una prestación". Para Fernández León, el problema principal es la "insuficiencia estructural de medios", no la complejidad de los asuntos.
El Colegio de Abogados de Sevilla advierte que la acumulación de procedimientos, la falta de órganos judiciales y una organización que no ha crecido al ritmo de la litigiosidad perjudican a ciudadanos y abogados. Óscar Fernández insiste en la necesidad de una "apuesta decidida por parte de las administraciones competentes", más inversión, planificación y visión estratégica para la Justicia Social, ya que retrasar la solución de conflictos laborales o de Seguridad Social genera "incertidumbre jurídica, coste económico y humano".
La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma que los juzgados de lo Social de Sevilla son la jurisdicción más colapsada y la que más juicios suspende. A principios de 2025, Sevilla acumulaba 28.678 procedimientos pendientes, la cifra más alta de Andalucía, seguida de Málaga (23.430). A lo largo de 2025, se registraron 19.483 asuntos y se resolvieron 18.276.
Las suspensiones de juicios suponen una "grave disfunción", ya que los huecos no se pueden cubrir. La jurisdicción Social concentra el 54% de las suspensiones en Andalucía (37.741 de 69.758 juicios señalados en 2025). En Sevilla, el porcentaje de suspensiones en esta jurisdicción es del 55% (8.593 de 15.583 señalamientos en 2025). El informe del TSJA concluye que la Justicia andaluza transmite una "percepción inevitable a la sociedad: Justicia lenta y poco eficiente".
Durante este año, un plan de refuerzo ha incluido cuatro magistrados (dos de Adscripción Territorial, uno en comisión de servicio y un sustituto), dos Letrados de la Administración de Justicia y trece funcionarios. El BOE publicó la creación de cinco nuevas plazas en las Secciones de lo Social del Tribunal de Instancia de Sevilla (de la 15 a la 19), previstas para junio de 2027, pendientes de informes sobre la disponibilidad de sedes y recursos.
A nivel andaluz, los asuntos en los juzgados de lo Social se distribuyen en: 33% despidos, 29% reclamación de cantidades, 27% Seguridad Social, y 2% cada uno para derechos fundamentales y movilidad geográfica, y 1% para impugnaciones laborales.
