La propuesta, impulsada por la Junta de Andalucía, busca transformar un terreno que ha permanecido abandonado durante más de dos décadas. El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, y el alcalde José Luis Sanz (PP) protagonizaron un intenso intercambio de opiniones sobre esta operación urbanística.

Muñoz criticó el "procedimiento dudoso" y cuestionó la ausencia de exigencias de viviendas públicas en la parcela, considerando ilógico que un suelo propiedad de la Junta se destine a renta libre y viviendas de lujo. El portavoz socialista también alertó sobre un informe de los técnicos de Urbanismo que señala el uso de un "atajo legal muy arriesgado" por parte del consistorio. Además, mencionó otros proyectos como Jardines de Hércules y la calle Jerusalén, donde se triplicó la edificabilidad.

Por su parte, el alcalde José Luis Sanz defendió la operación, argumentando que Sevilla "gana mucho" al recuperar solares abandonados. Comparó las 6.134 viviendas protegidas que, según él, estarán en construcción al finalizar su mandato, con las 83 VPO construidas durante la etapa del PSOE en el gobierno municipal, aludiendo al periodo en que Muñoz fue delegado de Urbanismo.

Sanz afirmó que no se puede cuestionar la solicitud de cambio de uso por parte de la Junta, ya que el edificio administrativo original "tenía más edificabilidad, más volumetría y más plantas que el supuesto bloque de viviendas". Subrayó que la operación se realiza "con las contraprestaciones que establece la ley y con un beneficio para todos los sevillanos".

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico comunicó objeciones al proyecto el miércoles, señalando que el estudio de ordenación no cumple con las determinaciones de alturas, alineaciones y simetría establecidas en el Plan Especial de Protección del Sector 20 'Estación de San Bernardo'. La Comisión instó a los promotores a modificar el proyecto y contemplar cautelas arqueológicas, a pesar de que la propuesta es compatible con el carácter del conjunto histórico. Cabe recordar que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitió un informe ambiental estratégico favorable hace un año, permitiendo un máximo de 130 viviendas.