El Real Decreto aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno central permite una regularización extraordinaria para inmigrantes que residen en España, facilitando el acceso al mercado laboral y a la asistencia sanitaria, aunque no otorga la nacionalidad ni el derecho a voto. La iniciativa ha generado una alta demanda, con más de 200.000 solicitudes registradas en las primeras semanas, si bien se estima que un 35% no cumplen los requisitos establecidos.

Para optar a la regularización, los solicitantes deben presentar documentación de identificación, acreditar una residencia mínima de cinco meses en España, y aportar certificados de antecedentes penales. El decreto contempla dos vías principales: haber trabajado previamente en el país o tener familiares directos (hijos menores o ascendientes) residiendo aquí. El plazo para presentar estas solicitudes finaliza el próximo 30 de junio.

Un ejemplo de esta situación es el de un joven colombiano que llegó a España buscando oportunidades laborales. Reside en Los Palacios, en Sevilla, y a pesar de tener varias ofertas de empleo, no puede aceptarlas sin el permiso de trabajo. Su esperanza reside en la resolución favorable de su trámite de regularización, aunque contempla la opción de permanecer como inmigrante irregular si no lo consigue, acogiéndose al periodo de arraigo tras dos años de residencia.

El proceso de tramitación, aunque no excesivamente largo, ha resultado engorroso para muchos. La obtención de ciertos documentos, como el certificado de vulnerabilidad, ha sido un punto crítico. Organizaciones como la ONG Luz Azul en Sevilla están prestando apoyo, aunque señalan que la alta demanda, especialmente para la obtención de certificados, satura sus capacidades. Muchas personas recurren a abogados, cuyo coste ronda los 500 euros, y comparten información y experiencias a través de redes sociales.

La falta de información clara y la demora en la expedición de certificados requeridos, que pueden tardar más de veinte días, generan incertidumbre. Desde Luz Azul, se considera que el Gobierno podría necesitar ampliar el plazo de presentación ante el atasco actual. La mayoría de los migrantes esperan una respuesta provisional y un número de la Seguridad Social que les permita trabajar legalmente.