La provincia de Granada ha sido testigo de una preocupante escalada de episodios violentos dirigidos contra médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. En las últimas semanas, se han registrado ataques verbales, amenazas, daños materiales y agresiones físicas, generando un clima de temor entre los profesionales de la sanidad pública.
Recientes incidentes incluyen una agresión verbal a un médico y una enfermera en el centro de salud de Zafarraya, y una situación similar sufrida por otro facultativo en Santa Fe. La semana pasada, el conductor de una ambulancia fue agredido en Guadix mientras trasladaba a una menor al Hospital de Málaga. En La Zubia, un paciente amenazó a una médica e causó daños tras ser informado de que debía esperar su turno.
Uno de los casos más graves ocurrió el 25 de mayo en el servicio de Urgencias del centro de salud Gran Capitán, donde una médica fue golpeada en la cara con un teléfono móvil por un usuario que exigía una medicación inapropiada. En el centro de salud de Láchar, se activaron cuatro procedimientos internos CATI (documento de agresión) solo en el último mes.
“"Esto está totalmente fuera de control. La frecuencia con la que se producen estos episodios está provocando una peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios."
Representantes sindicales como Rafael Franco, del Sindicato Médico de Granada, y José Manuel Morales, secretario provincial de SATSE en Granada, alertan de que la situación está "fuera de control" y que las medidas actuales son "claramente ineficaces". Señalan que la violencia se ha agravado tras la pandemia, vinculándola a problemas estructurales como las demoras en citas, la falta de personal y las listas de espera.
El último Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud indica que el 51% de las agresiones ocurren en Atención Primaria, principalmente contra médicos y enfermería. El perfil del agresor suele ser el propio paciente (71%), seguido de familiares o acompañantes. La mayoría de los incidentes son no físicos, como insultos y amenazas, especialmente durante la atención presencial.
Los profesionales reclaman más protección, incluyendo vigilancia de seguridad en centros conflictivos y sanciones más contundentes. El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Grupo de Trabajo a nivel nacional buscan analizar y prevenir estos actos, pero los sindicatos consideran insuficientes las acciones implementadas hasta la fecha.
La preocupación principal radica en la "normalización" de estos incidentes, que transforma la atención sanitaria en una fuente de vulnerabilidad para quienes la ejercen día a día.
