La petición de Greenpeace se produce tras la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) de aplazar la votación para anular la licencia municipal concedida en 2003 a la promotora Azata del Sol. El consistorio argumentó "extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica" y la necesidad de nuevos informes para evaluar posibles responsabilidades.
Ante esta demora, la representación legal de Greenpeace exige que se depuren responsabilidades penales ante la Fiscalía y solicita que sea el propio tribunal quien ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio, amparándose en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta "nula de pleno derecho" al invadir la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y ubicarse en suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La anulación oficial de la licencia por parte del Ayuntamiento es un requisito indispensable para que la Junta de Andalucía convoque una comisión mixta con el Estado, con el objetivo de materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y recuperar el paraje natural.
Paralelamente, el Gobierno central, que se ha personado en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación, ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que contrasta con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol.
