El proceso judicial relacionado con el fallecimiento de Ana Buza, una joven de 19 años que perdió la vida en 2019, ha sufrido un inesperado aplazamiento. La vista oral, que estaba programada para comenzar el 4 de mayo en la Audiencia de Sevilla, no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista. La razón principal es la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Andalucía, fijadas para el 17 de mayo.
La magistrada Ángeles Sáez, quien preside el Tribunal del Jurado en este caso y ejerce en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, fue designada el 25 de marzo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como presidenta de la Junta Electoral Provincial de Sevilla. Este cargo, que exige dedicación exclusiva, impide su participación en juicios hasta después del proceso electoral, tal como se detalla en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 27 de marzo.
Los presidentes de las Juntas Electorales Provinciales estarán exclusivamente dedicados a funciones propias de sus respectivas juntas electorales desde la convocatoria de un proceso electoral hasta la proclamación de electos.
Una providencia emitida el 30 de marzo por la propia magistrada confirma la suspensión, dejando sin efecto la fecha de mayo. La decisión se ampara en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La nueva fecha provisional para el inicio del juicio se ha establecido para el 4 de septiembre, con una duración estimada de nueve sesiones que concluirían el 18 de septiembre.
Este aplazamiento prolonga la resolución de un caso complejo que, más de seis años después, sigue generando controversia. La defensa del único acusado, el entonces novio de Ana, sostiene que ella se suicidó al arrojarse del vehículo en marcha. Por otro lado, la familia de Ana mantiene que ella fue atropellada por él tras bajarse del coche por una discusión, calificándolo como asesinato.
La Fiscalía, basándose en informes de la Guardia Civil y peritos, descarta tanto el suicidio como el asesinato. Su tesis es que el novio conducía a una velocidad excesiva en el tramo donde ocurrió el incidente, calificando los hechos como homicidio por imprudencia grave y solicitando tres años de cárcel. El escrito de calificación provisional detalla que Rafael V.P., de 25 años en el momento de los hechos, y Ana, de 19, tuvieron una discusión en la madrugada del 6 al 7 de septiembre de 2019. La Fiscalía indica que, a la altura del kilómetro 511 de la A-4, donde la velocidad máxima es de 80 km/h, el acusado circulaba a 117 km/h, lo que provocó que Ana cayera del vehículo en marcha y sufriera lesiones mortales.
