La imposibilidad de acceder a un hogar asequible se ha convertido en uno de los principales desafíos de Sevilla. El continuo aumento de los precios de compra y alquiler obliga a jóvenes y familias a destinar un porcentaje de sus ingresos muy superior al 30% recomendado, provocando el desplazamiento de residentes hacia la periferia. Ante esta situación de emergencia habitacional, el PSOE llevará al pleno extraordinario monográfico un conjunto de 39 propuestas destinadas a intervenir directamente en el mercado inmobiliario local.

Estas medidas se agrupan en seis ejes estratégicos: urbanismo, fiscalidad, control del turismo masivo, reestructuración de la empresa pública Emvisesa, intervención de precios y rehabilitación de barrios.

En cuanto al control del turismo, se propone una moratoria inmediata de tres años en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en toda la ciudad. Se busca también que la Junta de Andalucía no inscriba pisos vacacionales sin informe urbanístico municipal favorable previo y se plantea vetar la reconversión de locales comerciales en alojamientos turísticos, priorizando la residencia permanente. Además, se plantean incentivos fiscales para propietarios que retiren sus pisos del mercado turístico y los ofrezcan para alquiler residencial de larga duración.

Para intervenir en los precios de alquiler, se insta al Ayuntamiento a solicitar formalmente a la Junta de Andalucía la declaración de Sevilla como "zona de mercado residencial tensionado". Esta medida permitiría limitar y congelar los precios en nuevos contratos y renovaciones. Se propone también la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda para estudiar la relación entre precios, rentas y salarios de forma científica.

La gestión pública de la vivienda es otro pilar, con 13 medidas para reformar Emvisesa. Se exige que las viviendas construidas en suelo municipal tengan una "calificación permanente" como VPO para evitar su paso al mercado libre. Para paliar la falta de ahorro juvenil, se propone que Emvisesa financie el 20% de la entrada de la vivienda si la banca privada deniega el crédito.

En el ámbito urbanístico, se prohíbe la venta de suelo o inmuebles públicos a fondos de inversión o grandes tenedores. Se exige también el blindaje definitivo de la Dehesa de Tablada como espacio verde público.

En el plano económico, se propone elaborar un censo de viviendas desocupadas para aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a grandes tenedores que mantengan casas vacías. Se insta a modificar los tramos autonómicos del IRPF para aumentar la deducción por alquiler y por compra de VPO para jóvenes, ampliando los límites de renta protegida.

Finalmente, se proponen medidas para agilizar la tramitación de ayudas a la rehabilitación, especialmente en barrios con edificios antiguos. Se exige resolver licencias de obra en dos meses y se proponen ayudas directas para ascensores y consolidación estructural. Se impulsan también "Comunidades Energéticas Locales" para instalar placas fotovoltaicas comunitarias y reducir la factura de la luz hasta un 40%.