La decisión sobre el futuro del hotel a medio construir en la playa de El Algarrobico, ubicado en el parque natural de Cabo de Gata, recae ahora en los tribunales. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central buscan la anulación de la licencia de obras, concedida hace 23 años. El Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado a los jueces que urjan al Ayuntamiento de Carboneras a revocar la licencia, o que lo hagan ellos mismos si el consistorio no actúa. Por su parte, el Gobierno andaluz prefiere que los jueces tomen la iniciativa directamente.
Esta postura se consolidó en una reunión entre ambas administraciones, celebrada tras la sorpresiva decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de aplazar la votación para revisar la licencia. La comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, que no se reunía desde marzo del año pasado, sirvió para que ambas partes se informaran sobre sus actuaciones e intenciones, coincidentes en el objetivo final de eliminar la estructura de la playa.
Ambas administraciones coinciden en la urgencia de demoler el hotel, lo que requiere la declaración de nulidad de la licencia original. Aunque la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, este ha demorado la acción durante años, a pesar de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de diciembre de 2022. La ley permite que los jueces ejecuten la sentencia directamente en casos de inacción municipal, una opción que los ecologistas llevan tiempo reclamando.
El pasado pleno municipal volvió a posponer la decisión, amparándose en una moción para solicitar más informes sobre el impacto patrimonial y urbanístico de declarar nula la licencia, incluyendo posibles indemnizaciones a la promotora, Azata del Sol. Esta nueva demora ha generado indignación y ha reforzado la idea de recurrir a la vía judicial.
El Gobierno central ha solicitado al TSJA un plazo de 72 horas para que el Ayuntamiento convoque un nuevo pleno y aborde la revisión de la licencia. Si no se cumple, pide que se proceda a la ejecución subsidiaria de la sentencia y se sancione a los responsables. La Junta de Andalucía, sin embargo, no desea conceder más oportunidades y prefiere que los jueces decreten directamente la nulidad, ante los reiterados incumplimientos y demoras del consistorio.
La opción de la expropiación, iniciada por el Gobierno central en febrero de 2025, queda supeditada al resultado de las gestiones judiciales para anular la licencia. Ambas partes aseguran que los esfuerzos se centran en esta vía. Existe una discrepancia significativa en la valoración de los terrenos: Azata del Sol los tasa en 44,5 millones de euros, mientras que el Ministerio ofrece 16.500 euros. Esta diferencia deberá ser dirimida por un jurado provincial de expropiación.
