El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en Andalucía y el resto de España llega a su fin este martes 30 de junio. La iniciativa, que comenzó el 16 de abril, ha acumulado más de 900.000 peticiones hasta el 15 de junio, según datos del Ministerio de Migraciones. Aunque el Gobierno preveía beneficiar a medio millón de personas, la Policía Nacional estimó 1.350.000 afectados, lo que ha llevado a diversas entidades a solicitar una ampliación del plazo.
Fuentes del Ministerio han señalado que las cifras de solicitudes aún están pendientes de un filtrado para descartar duplicidades. A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene que el proceso se está desarrollando con normalidad y ya se están enviando autorizaciones provisionales tras una revisión exhaustiva de cada expediente.
La preocupación por quienes podrían quedar fuera por falta de tiempo para reunir la documentación ha motivado a varios movimientos a presentar una proposición no de ley en el Congreso para extender el plazo. Formaciones como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG apoyan esta medida, considerando la fecha del 30 de junio como arbitraria y defendiendo que una prórroga es posible si existe voluntad política.
La ministra Elma Saiz defendió el proceso como un "éxito de país", destacando que la regularización "culminará con el afloramiento de empleo, con derechos y obligaciones para las personas migrantes y con el refuerzo del mercado de trabajo", beneficiando la economía y la sociedad española. Aseguró que no es un punto final, sino el inicio de una estrategia a largo plazo para modernizar la política migratoria, ampliar la protección social y fortalecer el sistema público de pensiones.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ofreció una perspectiva diferente, estimando en un millón las peticiones de regularización a fecha de 15 de junio, superando las cifras oficiales. Su directora general, Mónica López, advirtió sobre la posibilidad de duplicidades en las solicitudes y señaló que, a pesar de faltar dos semanas para el cierre, ya se hablaba de un millón de peticiones.
Mónica López también alertó sobre el estado de la tramitación, indicando que solo unas 300.000 solicitudes han sido admitidas a trámite, un 30% del total. Denunció un "retraso" significativo en la gestión, ya que los plazos iniciales de 15 días no se cumplen en la mayoría de los casos, generando incertidumbre. Advirtió que el número final de solicitudes podría ser mayor debido a las dificultades que muchas personas enfrentan para obtener y legalizar la documentación requerida.
