La Junta de Andalucía ha intensificado sus esfuerzos en la investigación y prevención de incendios forestales, ante la falta de avances en la reforma penal propuesta por el Gobierno central. La comunidad autónoma solicitó hace un año mayor contundencia contra los incendiarios y la creación de un registro nacional de pirómanos, pero la parálisis legislativa en el Congreso ha frenado estas iniciativas.
En el terreno, la colaboración entre administraciones es crucial para el control de incendios como el ocurrido en Niebla (Huelva). El Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, bomberos del Ayuntamiento de Huelva, del Consorcio Provincial de Huelva y de Sevilla trabajan conjuntamente. Sin embargo, las disputas políticas resurgen una vez que las temperaturas descienden, a pesar de que este verano España ha sufrido incendios devastadores, incluyendo uno en Almería y otro en Andalucía que afectó a unas 20.000 hectáreas.
El Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, ha propuesto un Pacto por el Cambio Climático, pero se considera que debe ir acompañado de medidas tangibles para prevenir incidentes y castigar a los responsables. Según datos, al menos el 73% de los incendios en Andalucía son provocados por la acción humana, ya sea por accidente, negligencia o intencionalidad.
A finales del verano pasado, Andalucía impulsó un plan para facilitar la imputación y condena de los autores. Este plan, elaborado a través de la figura de Antonio Sanz, coordinador nacional de Emergencias del PP, pedía al Ejecutivo el endurecimiento de penas y otras medidas de control. Se abogaba por un Registro Nacional de Pirómanos y la imposición de pulseras telemáticas durante los meses de mayor riesgo.
El Partido Popular ha registrado propuestas para una futura ley que incluiría incrementar las plantillas del Seprona (Guardia Civil) y facilitar la investigación. Por su parte, Vox presentó en junio una proposición no de Ley en el Congreso para endurecer las penas por incendios forestales, solicitando prisión de uno a cinco años.
El Gobierno central insiste en el Pacto por el Cambio Climático, pero no ha adoptado medidas específicas para incendios forestales en este curso. Aunque el Código Penal ha sido reformado, las penas para estos delitos no se han endurecido.
A nivel ciudadano, la campaña 'España se quema' está recogiendo firmas en Change.org para exigir un plan urgente de reforestación y el endurecimiento de penas, buscando acabar con la impunidad.
La Junta de Andalucía sí ha reforzado la investigación y prevención con la nueva Ley de Montes, aprobada en marzo, que integra la prevención en la gestión ordinaria y aumenta el apoyo económico a los propietarios de fincas privadas, exigiéndoles actuaciones preventivas.
Para la investigación, se ha reforzado la plantilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que duplicará sus efectivos. Esta unidad alcanzó en el pasado año un índice de esclarecimiento del 94% de los incendios investigados, resolviendo 33 de 35 casos y tramitando miles de denuncias forestales.
Andalucía ha implementado nuevas herramientas y reforzado su estructura administrativa y operativa para la prevención y gestión de incendios, como la consolidación de la Agencia de Emergencias y la creación de una Dirección General específica, ante la falta de reformas penales a nivel estatal.
