Andalucía se posiciona como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que finalizó el pasado 30 de junio. Se registraron un total de 161.557 peticiones, según datos de la Delegación del Gobierno. El proceso, que se desarrolló a contrarreloj, estuvo marcado por requisitos como el informe de vulnerabilidad, que generó perplejidad en las entidades colaboradoras debido a la barrera burocrática que suponía para el colectivo migrante. La falta de accesibilidad al mercado laboral, la vivienda y los servicios sociales, sumada a la escasa respuesta administrativa, los pagos de tasas y la colaboración de países de origen, también lastraron los resultados.
A nivel nacional, se recibieron 1.174.987 solicitudes, el doble de lo previsto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De estas, 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) reunió más de medio millón de firmas con el apoyo de diversas organizaciones sociales para solicitar una acción conjunta que diera respuesta a la situación irregular de muchas personas que residen y trabajan en el país.
Las comunidades con más solicitudes fueron Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En Andalucía, la provincia de Málaga lideró las peticiones con 39.899, seguida por Sevilla (33.690) y Almería (32.638). Otras provincias andaluzas registraron menos solicitudes: Granada (16.629), Cádiz (11.641), Huelva (10.359), Córdoba (9.951) y Jaén (6.750). Del total de solicitantes en Andalucía, un 58,2% fueron hombres y un 41,8% mujeres.
A nivel estatal, el 79,6% de las solicitudes se debieron a circunstancias excepcionales por arraigo extraordinario y el 20,4% a solicitantes de protección internacional. La mayoría, el 83,2%, se presentaron telemáticamente.
En cuanto al origen, los ciudadanos de Colombia (23,8%) y Marruecos (20,3%) fueron los más numerosos. Les siguieron Venezuela (8,6%), Senegal (7,7%), Perú (5,7%), Paraguay (5,8%), Nicaragua (4%), Honduras (3,6%), Argentina (3,4%) y Argelia (2,1%).
La mayoría de los solicitantes a nivel nacional son jóvenes, con un 81% menor de 45 años. El grupo de edad de 25 a 34 años concentra el mayor porcentaje (31,3%). Las ciudades españolas con mayor proporción de solicitudes fueron Madrid (17,23%), Barcelona (16,36%), Valencia (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).
El proceso ha permitido el alta en la Seguridad Social de 159.097 personas en todo el país, de las cuales un 77,3% obtuvieron contratos indefinidos. El sector hostelero fue el más beneficiado (24,4%), seguido por el comercio (12,7%) y las actividades administrativas (12,1%).
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) criticó la falta de medios adicionales en muchas entidades locales andaluzas y la deficiente labor de la Administración General del Estado, señalando que el 48,1% de los expedientes aún no han sido tramitados. La entidad atendió a más de 1.000 personas en Andalucía e intermedió para la obtención del certificado de vulnerabilidad.
El colectivo Regularización Ya! señaló como obstáculos los pagos de tasas y las citas para la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Exigieron al Gobierno central frenar las deportaciones de personas en proceso de regularización y expresaron su rechazo al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la Ley de Extranjería.
La Federación Sur Acoge atendió a más de 20.000 personas a través de 11 asociaciones y dos delegaciones, calificando la tramitación como "compleja y con plazos ajustados". Cuestionaron las políticas migratorias del Estado, preguntando qué dice el modelo migratorio que más de un millón de personas hayan necesitado una medida excepcional.
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho exigió a las corporaciones locales que inscribieran en el padrón a todo el colectivo, independientemente de su situación, para una correcta planificación de recursos. Criticaron que el Gobierno central admita la parálisis administrativa al no requerir el certificado de empadronamiento para el proceso de regularización.
