Un informe de la organización Civio estima que, para el cierre de 2030, aproximadamente 93.470 viviendas en Andalucía habrán cumplido su plazo de protección. Sin embargo, se prevé que solo entre el 25% y el 40% de las VPO levantadas en los últimos 35 años mantendrán su protección.
Las viviendas protegidas (VPO) reciben ayudas públicas para facilitar el acceso a personas con ingresos bajos o medios, a cambio de limitaciones como precios de venta controlados y requisitos de ingresos para los compradores. Estas condiciones se aplican durante un período de protección específico.
Civio señala que varias comunidades autónomas, incluida Andalucía, están implementando medidas que sortean estas características. Una de ellas es la reducción del plazo de protección; la Junta de Andalucía acortó en 2020 este período de 30 años a entre 7 y 15 años, siendo uno de los más bajos de España.
El aumento de los precios de venta de las VPO es otro factor. Provincias como Málaga y Sevilla registran precios de VPO elevados, superando los 1.200 euros por metro cuadrado en muchos casos. En Jaén, el precio de la VPO incluso supera al del mercado libre, haciendo que viviendas de 60 metros cuadrados con garaje se acerquen a los 230.000 euros, inaccesibles para muchas familias.
Además, se está incrementando el límite de ingresos máximo para acceder a estas viviendas. En Andalucía, la horquilla se sitúa entre los 25.000 y los 46.000 euros anuales, lo que aumenta la competencia para acceder a un hogar protegido.
Según el informe, entre 1991 y 2025 se construyeron cerca de 309.000 VPO en Andalucía. Al cierre del año pasado, una cuarta parte había perdido la categoría de VPO. De las 230.000 que seguían en plazo de protección, 155.000 pudieron ser descalificadas voluntariamente, pasando al mercado libre sin protección.
Civio estima que el parque de vivienda protegida en Andalucía podría haberse reducido a 74.350 viviendas, aunque no hay datos oficiales para confirmarlo. En cuanto a los plazos de protección, las viviendas de régimen especial tienen 15 años, las de régimen general una década, y las de precio limitado 7 años.
En contraste, las viviendas del parque público de la Junta y los ayuntamientos mantienen un régimen distinto. Andalucía ha blindado la protección permanente de unas 48.000 viviendas en alquiler propiedad de la Junta. Sin embargo, existe discrepancia en las cifras, con el Ministerio de Vivienda contabilizando menos de 5.000 inmuebles públicos de alquiler construidos desde 1991 con protección permanente.
El Gobierno central propone un plan de financiación estatal para VPO con protección permanente, condicionando las ayudas a esta medida. La Junta de Andalucía ha rechazado y recurrido esta norma, argumentando que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que su aportación estatal sería desproporcionada.
A nivel nacional, se prevé que para finales de 2030, la mitad del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991 ya no estén protegidas. Civio calcula que 736.000 inmuebles protegidos habrán pasado al mercado libre y otros 206.000 podrían descalificarse anticipadamente.
La construcción de VPO no contrarresta esta tendencia. En 2025 se construyeron 11.000 VPO en España, un 23% menos que el año anterior, lejos de las 60.000 anuales de las décadas de 1990 y 2000. En Andalucía, la Junta ha impulsado unas 16.500 VPO desde 2019, con una media anual inferior a 3.000, y planea subirla a 4.000.
El futuro de las VPO en Andalucía es incierto. Desde 2020, las viviendas protegidas disponibles disminuyen significativamente debido a la pérdida de protección y a un ritmo de construcción insuficiente. Se estima que en menos de cinco años, las VPO perdidas serán más numerosas que las disponibles.
Considerando una amplia horquilla por falta de información sobre descalificaciones anticipadas, en cuatro años quedarán protegidas en Andalucía entre el 25% y el 40% de las viviendas construidas en los últimos 35 años.
