Desde el pasado 4 de febrero, las intensas lluvias provocaron el derrumbe de un muro de contención sobre las vías a la altura de Álora, obligando a los usuarios a utilizar un plan alternativo que incrementaba significativamente la duración del trayecto. La empresa pública ha confirmado la fecha de reapertura, justo a tiempo para el puente de mayo, una festividad en la que se prevé una alta demanda de viajes entre ambas ciudades andaluzas.

Durante este periodo, solo Renfe ha mantenido el servicio con frecuencias reducidas, utilizando autobuses para cubrir el tramo entre Málaga y Antequera. Otras operadoras como Iryo y Ouigo retiraron sus billetes de la venta, a la espera de la restauración completa de la línea para reanudar sus operaciones. Con la reapertura, los tiempos de viaje volverán a la normalidad.

La empresa pública ha calificado la intervención como de “gran complejidad y magnitud” debido al considerable volumen del deslizamiento de tierras, estimado en 200.000 metros cúbicos. Los trabajos se han concentrado en un desmonte de 540 metros de longitud y 35 metros de altura, donde se ha construido un muro de pilotes de 325 metros de largo y 15,5 metros de alto para asegurar la estabilidad del terreno. Además, fue necesario asegurar una torreta de alta tensión que suministra energía a las catenarias, lo que también demoró las labores.

La recuperación del tráfico se realizará inicialmente por una vía, con la expectativa de restablecer completamente el servicio con ambas vías en julio. Esta situación de vía única ya se venía dando en los últimos meses debido a un corte en uno de los túneles de Abdalajís, aunque sin causar retrasos significativos.

La interrupción del servicio ha generado un intenso debate político. Por un lado, representantes del Gobierno central y del PSOE, y por otro, las administraciones gobernadas por el Partido Popular, incluyendo la Junta de Andalucía, la Diputación y varios ayuntamientos de la zona. El punto álgido de la controversia se alcanzó antes de Semana Santa, cuando se estimó un impacto económico de 1.300 millones de euros por la falta del AVE, una cifra que fue objeto de disputa entre las partes.