La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga se encuentra en una situación delicada un año después de su puesta en marcha. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló parte de la ordenanza, argumentando un trato diferenciado a vehículos de Málaga y de otros municipios. A pesar de este fallo, la ZBE sigue en vigor, las multas continúan tramitándose y el Ayuntamiento aún no ha comunicado oficialmente su decisión sobre cómo adaptar la normativa o si recurrirá ante el Tribunal Supremo.
La creación de la ZBE en Málaga responde a una obligación legal establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a las ciudades con más de 50.000 habitantes implementar estas zonas para reducir la contaminación. Además, es un compromiso con la Unión Europea en materia de movilidad sostenible y un requisito para acceder a ayudas de transporte urbano.
La ordenanza, aprobada en 2024 y aplicada a finales de 2025, generó críticas desde el inicio por su periodo transitorio, que diferenciaba entre vehículos domiciliados en Málaga capital y los de otros municipios. Durante esta fase inicial, solo los vehículos sin distintivo ambiental de fuera de la ciudad eran sancionados.
Desde el inicio del régimen sancionador, se han acumulado miles de denuncias. En los primeros seis meses, se superaron las 35.000 propuestas de sanción, según datos del Área de Seguridad del Ayuntamiento. La Policía Local controla los accesos, detecta infracciones y remite las denuncias a Gestrisam para iniciar expedientes. La multa por acceso no autorizado es de 200 euros, reducida a 100 euros por pronto pago, sin pérdida de puntos del carné.
Las críticas a la aplicación de la ordenanza crecieron, cuestionando el trato diferenciado. El Ayuntamiento defendía un vacío legal para no sancionar coches de fuera de la ciudad, una interpretación no compartida por otras urbes.
En junio, el TSJA estimó parcialmente el recurso de Vox, anulando la parte de la ordenanza que permitía un trato distinto a los vehículos domiciliados en Málaga durante el periodo transitorio, por vulnerar principios de igualdad y unidad de mercado. La sentencia no cuestiona la existencia de la ZBE, sino la regulación del acceso y las excepciones.
Tras la resolución, el alcalde, Francisco de la Torre, defendió la continuidad de la ZBE, asegurando que la sentencia confirmaba la legalidad y obligatoriedad de estas medidas. Los servicios jurídicos municipales estudian el fallo para determinar los cambios necesarios.
El Ayuntamiento no ha informado públicamente sobre los siguientes pasos, ni si presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo o modificará la normativa.
La sentencia intensificó el debate político. Vox y Con Málaga reclamaron la suspensión del régimen sancionador y la devolución de multas. El PSOE criticó la gestión del equipo de gobierno. En el Pleno del 25 de junio, las mociones para suspender las sanciones no prosperaron, insistiendo el gobierno en esperar el criterio jurídico.
Actualmente, la situación apenas ha variado. El fallo del TSJA no es firme y el régimen sancionador sigue funcionando. Las cámaras controlan accesos, la Policía Local formula denuncias y Gestrisam tramita expedientes. La ZBE sigue vigente y las multas se imponen mientras el Ayuntamiento decide cómo adaptar la ordenanza al criterio judicial.
