Una sentencia del Tribunal Supremo ha eliminado la exigencia de un doble registro para las viviendas de uso turístico, dejando solo el registro autonómico. Esta decisión permitirá que aproximadamente 12.396 pisos turísticos en la provincia de Málaga, que habían sido retirados del registro estatal, puedan volver a promocionarse en plataformas digitales como Airbnb y Booking.
El fallo responde parcialmente a un recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, que alegaba una invasión de competencias autonómicas por parte del Estado. Comunidades como Andalucía, Murcia y Canarias esperan resoluciones similares en sus reclamaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aclarado que esta resolución no afecta a la retirada de anuncios ilegales ni a la multa de 64 millones de euros impuesta a Airbnb. Las actuaciones previas al registro estatal se mantienen vigentes.
La sentencia del Alto Tribunal considera que el Estado carece de competencias para establecer un registro nacional que prevalezca sobre los autonómicos, devolviendo la autoridad en materia turística a las comunidades autónomas. Esto simplifica los trámites administrativos y evita la duplicidad.
La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Avvapro) ha valorado positivamente la anulación, calificándola como un respaldo al marco competencial autonómico y una medida que elimina burocracia innecesaria para pequeños propietarios.
El consejero en funciones de Turismo de Andalucía, Arturo Bernal, ha solicitado al ministro de Industria y Turismo una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, incluyendo al Ministerio de Vivienda, para abordar las implicaciones de esta sentencia y buscar soluciones conjuntas.
