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Málaga y Cádiz lideran el cierre de pisos turísticos por la Junta de Andalucía

La administración regional ha clausurado más de 2.000 viviendas de uso turístico en lo que va de año, con Sevilla capital a la cabeza.

Imagen genérica de un cartel de 'Se Alquila' en un edificio residencial.
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Imagen genérica de un cartel de 'Se Alquila' en un edificio residencial.

La Junta de Andalucía ha intensificado sus acciones contra los alojamientos turísticos irregulares, resultando en el cierre de más de 2.000 viviendas en la comunidad autónoma durante los primeros meses de 2026, destacando Málaga y Cádiz como las provincias con mayor número de clausuras.

La campaña de la Junta de Andalucía para regular el mercado de viviendas de uso turístico ha llevado al cierre de 2.087 propiedades en la región entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2026. Estas cifras se suman a las 5.808 clausuras realizadas en 2024 y las 6.860 de 2025, evidenciando una acción continuada por parte de la administración autonómica.
Por provincias, Málaga encabeza la lista con 678 pisos turísticos cerrados en lo que va de año, seguida de Cádiz con 438. Granada, que en años anteriores ocupaba un puesto más alto, ha visto una desaceleración en las cancelaciones, situándose en tercer lugar con 252. En cuanto a las capitales, Sevilla registra el mayor número de clausuras con 132, seguida por Málaga con 102 y Granada con 127.

"Las razones que justifican las restricciones son la protección del derecho a la vivienda, la preservación de la función residencial de determinados barrios, la prevención de la saturación turística y la garantía de la convivencia vecinal."

el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Un aspecto relevante es el aumento de las actuaciones de oficio por parte de la administración, que ya igualan a las denuncias presentadas por particulares, vecinos o interesados. Las irregularidades más comunes que motivan estas sanciones incluyen la falta de registro oficial en la Junta o el incumplimiento de las condiciones necesarias para su inclusión.
La situación ha generado un debate significativo en Andalucía, especialmente en las zonas costeras y cascos históricos, donde la proliferación de estos alojamientos ha provocado contestación social y ha llevado a ayuntamientos como el de Málaga a establecer límites. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 18 de febrero ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Málaga de restringir los pisos turísticos al 8% del total de viviendas en ciertos barrios, en defensa del derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.