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Málaga congela nuevas licencias de pisos turísticos hasta 2030

El Ayuntamiento de Málaga suspende la concesión de nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico y la reconversión de locales comerciales en suelo residencial hasta 2030.

Imagen genérica de una calle de Málaga con señalización de regulación de pisos turísticos.
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Imagen genérica de una calle de Málaga con señalización de regulación de pisos turísticos.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moratoria que impedirá la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico y la reconversión de locales comerciales en suelo residencial hasta el año 2030.

La medida, que se publica hoy en el Boletín Provincial, suspende por un plazo máximo de tres años la concesión de nuevas autorizaciones para viviendas de uso turístico y la creación de hoteles en suelo residencial. Esta limitación también afecta a la reconversión de locales comerciales en planta baja para convertirlos en viviendas, una práctica que se ha extendido en varios barrios de la capital.
La suspensión, que entrará en vigor mañana, afecta a "toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas -incluidas las declaraciones responsables- que sean contrarias" a la modificación del Plan General. El consistorio matiza que la suspensión no se aplicará a las solicitudes de licencia para uso de alojamiento turístico presentadas con fecha anterior a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Esta decisión se toma en un momento en que la capital cuenta ya con 12.648 viviendas turísticas operativas, según datos del Registro de Turismo de Andalucía. La moratoria se extenderá hasta 2030, aunque podría extinguirse antes si la regulación definitiva de estos alojamientos se concluye antes de ese plazo.
Tanto la patronal de la vivienda turística (AVVAPro) como la de los hoteles (Aehcos) han mostrado su rechazo a la medida. Consideran que la moratoria "no resolverá el problema" de fondo, como la falta de oferta de vivienda o la escasa construcción, y advierten de que podría afectar a unos 3.500 empleos, generando "efectos colaterales" en la economía local.