La propuesta de un leve impuesto por pernoctación a los viajeros, similar al ya existente en Cataluña o las Islas Baleares, ha resurgido con fuerza. Municipios como Málaga aspiran a destinar los fondos recaudados a políticas de vivienda, pero la diversidad del sector turístico andaluz y la complejidad de factores políticos y económicos dificultan su implantación.
“"Popularmente se le llama tasa turística, pero realmente no es una tasa. Sería un impuesto vinculado a la estancia turística o a la visita a un territorio concreto."
Esta distinción es crucial, ya que los ayuntamientos carecen de competencia para establecer nuevas figuras fiscales. Para que Málaga pudiera aplicar este gravamen, sería necesario que el Gobierno modificara la Ley de Haciendas Locales o que la Junta de Andalucía creara un impuesto autonómico específico para el turismo.
El principal punto de fricción radica en las competencias. Si la iniciativa partiera de la Junta, el impuesto se aplicaría en toda la comunidad, aunque con posibles modulaciones por zonas, y la Comunidad Autónoma retendría el 50% de lo recaudado para promoción turística. Los consistorios, por su parte, prefieren que el Gobierno central tome la iniciativa para gestionar el 100% de los fondos.
“"Tenemos claro que es un problema de financiación, y debe ser el Gobierno quien modifique la Ley de Haciendas Locales."
La gestión del impuesto también genera controversia. En destinos europeos donde ya se aplica, los establecimientos turísticos son los encargados de cobrar el importe directamente al visitante. Esta operativa implica costes administrativos y tecnológicos que generan reticencia en parte del sector hotelero, aunque los estudios indican que la implementación de una tasa turística no reduce la llegada de visitantes.
La diferencia económica entre ciudades como Málaga, que podría recaudar cerca de 30 millones de euros anuales, y otras provincias con menor presión turística es significativa. Los ingresos de este impuesto podrían ser una herramienta potente para inversiones en infraestructuras, rehabilitación patrimonial y políticas de vivienda, siempre que tengan un carácter finalista y no sean solo una medida recaudatoria. El debate, que se intensifica de cara a las elecciones del 17 de mayo, sigue abierto sin un acuerdo claro entre las administraciones.
