Diez años después de su aparición en las aguas andaluzas, la Rugulopteryx okamurae sigue extendiéndose sin que los expertos vean una posibilidad real de erradicación. La provincia de Málaga se perfila como la segunda más afectada en Andalucía por esta especie.
El impacto de esta alga se sentirá en gran parte del litoral malagueño, incluyendo municipios como Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox y Nerja. Aunque se esperan episodios significativos, su constancia podría ser menor que en otras áreas de la costa andaluza.
“"Es capaz de crecer muy rápido."
La expansión de esta especie, que se remonta a una década atrás, se atribuye a la liberación ilegal de aguas de lastre de barcos comerciales, según un estudio de los investigadores Rubén Vázquez y Salvador Román. La situación se ha consolidado como un problema ambiental de gran magnitud, calificado por los expertos como “incontrolable” y “no erradicable”.
A nivel regional, las proyecciones de la Junta de Andalucía para 2026 estiman la llegada de 49.000 toneladas de alga, con un escenario que podría alcanzar las 64.000 toneladas. La provincia de Cádiz será la más afectada, especialmente en el Campo de Gibraltar, Barbate y la Bahía de Cádiz, seguida de Málaga en volumen estimado.
La presencia de la Rugulopteryx okamurae no solo desplaza a las algas autóctonas y altera la cadena trófica, sino que su acumulación y descomposición deterioran la calidad del agua y reducen los niveles de oxígeno. Esto genera serios problemas para el sector pesquero, que ha reportado descensos de capturas de entre el 20% y el 48% en trece especies, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El alga se engancha a las redes, sobrecarga los aparejos y obliga a los pescadores a dedicar más tiempo a la limpieza, afectando a modalidades como artes menores, palangre de fondo, trasmallo y cerco. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya la catalogó en 2020 como especie de alto riesgo de invasión, señalando su impacto en el hábitat marino, la biodiversidad y los espacios protegidos de la Red Natura 2000, además de los costes de retirada para las administraciones.
