Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto en jaque la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga. Desde el pasado 30 de noviembre, los vehículos sin etiqueta ambiental que accedían a la almendra central de la ciudad se exponían a multas, pero esta sanción solo se aplicaba a aquellos coches que no estuvieran matriculados en la capital malagueña. Los vehículos empadronados, independientemente de su distintivo ambiental, estaban exentos.
Los magistrados del TSJA han dictaminado que estas restricciones no pueden basarse en el lugar de matriculación del vehículo, ya que esto supone una discriminación que vulnera la unidad de mercado y el principio de libertad de empresa. Las consecuencias de esta resolución aún están por determinar, aunque el Ayuntamiento de Málaga tiene un mes para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
La sentencia cuestiona el régimen de restricción de tráfico implementado en 34 calles de la ciudad, una medida que la ley de cambio climático de 2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar. El Ayuntamiento de Málaga, que aplicó la norma con retraso alegando problemas con las cámaras de vigilancia, había establecido un sistema que permitía la circulación de vehículos empadronados sin multa, incluso sin etiqueta ambiental.
El tribunal considera que el requisito de domiciliación en Málaga "afecta a la libre circulación de mercancías y personas", y no encuentra una justificación técnica "proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria". Por ello, se anula un título completo de la Ordenanza de Movilidad, si bien el resto de la normativa y la ZBE en sí misma permanecen vigentes.
La ZBE está vigente y el sistema sigue captando imágenes. Los vehículos sin etiqueta no domiciliados en Málaga no pueden acceder y los domiciliados en Málaga que no tengan etiqueta podrán seguir haciéndolo.
La concejala Trinidad Hernández ha advertido que, de momento, la situación no cambia para los vehículos no empadronados sin etiqueta. La oposición, tanto de izquierdas como Vox, ha criticado la gestión de la ZBE. Mientras la ultraderecha alega motivos recaudatorios, la izquierda critica la aplicación tardía y la falta de alternativas como el refuerzo del transporte público o aparcamientos disuasorios.
Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha calificado la ZBE de "chapuza" que "castiga a las familias trabajadoras" y ha instado al consistorio a no recurrir la sentencia, modificar la ordenanza y suspender el régimen sancionador hasta que se implementen medidas de movilidad sostenible.
