La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Ecuador de Wilmer Chavarría, conocido como 'Pipo', presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa del país. El objetivo es que cumpla una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios cometidos durante un tiroteo tras el asalto a un banco en 2010. La decisión, adoptada a finales de julio, se produce tras el rechazo de su entrega a Estados Unidos, que lo reclamaba por narcotráfico.
Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, adonde había llegado en 2022 desde Colombia con una identidad falsa, tras simular su muerte en Ecuador. Se cree que se sometió a siete operaciones de rostro para evitar ser reconocido. En febrero pasado, fue interrogado en la prisión de Zaragoza en relación con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023. Durante el interrogatorio, aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Los hechos que motivan la actual decisión de la Audiencia Nacional ocurrieron el 3 de julio de 2010 en Ecuador. Según la documentación remitida por las autoridades ecuatorianas, Chavarría y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria, sustrayendo 38.000 dólares. Posteriormente, se produjo un intercambio de disparos durante una persecución policial que resultó en tres fallecimientos.
Un tribunal ecuatoriano condenó a Chavarría a 16 años de prisión en 2010, de los cuales cumplió más de 11. Sin embargo, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena basándose en un supuesto certificado de defunción. Posteriormente, se determinó que dicho documento era falso, anulando la extinción de la pena.
Durante la vista de extradición en junio, la Fiscalía apoyó la entrega, mientras que la defensa argumentó riesgo de tratos inhumanos o degradantes en Ecuador y peligro para su vida. El tribunal solicitó información adicional a Ecuador sobre el tiempo de condena restante (casi cinco años) y las garantías penitenciarias. Ecuador proporcionó detalles sobre su normativa de derechos y garantías, así como acciones concretas para proteger la vida y la integridad de los reclusos, lo que la Audiencia Nacional consideró "garantías suficientes".
