El Tribunal de Instancia número 3 de Vélez-Málaga ha emitido una sentencia que obliga a una empresa eléctrica a compensar a un agricultor por los daños sufridos en su propiedad. El incidente, un incendio forestal ocurrido el 29 de agosto de 2020 en el municipio de Moclinejo, ha sido atribuido a la falta de mantenimiento de una línea eléctrica.
La resolución judicial, dictada el 22 de abril de 2026 y notificada el 4 de mayo, establece que el fuego se inició debido al contacto entre los conductores de la línea y la vegetación cercana, específicamente una higuera, lo que generó un arco eléctrico. Este suceso provocó daños significativos en la explotación agrícola del demandante, afectando cultivos de aguacates, mangos e higueras, algunos de ellos con más de una década de antigüedad y en plena producción.
Durante el proceso judicial, la magistrada concedió mayor peso al informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, que señalaba directamente a la red eléctrica como la causa del siniestro. Dicho informe, respaldado por pruebas documentales y testimonios, concluyó que existía una clara deficiencia en el mantenimiento y la limpieza de la vegetación bajo los soportes de la línea.
“"La sentencia acepta íntegramente la valoración presentada por el perito del demandante, que incluye tanto los daños materiales como la pérdida de producción futura de los cultivos, al tratarse de árboles en plena fase productiva."
La compañía eléctrica, por su parte, argumentó que el incendio pudo haber sido causado por factores externos, como una hoguera mal apagada, basándose en sus propios informes periciales. Sin embargo, el juzgado desestimó esta versión, considerando más consistente y objetiva la investigación realizada por el organismo público.
La indemnización fijada asciende a 30.454,95 euros, una cifra que incluye tanto los daños materiales como la estimación de la pérdida de producción futura de los cultivos. Además de esta cuantía, la empresa deberá asumir los intereses legales y las costas del procedimiento. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Málaga en un plazo de 20 días.




