La situación ha sido calificada de “injusta” por representantes políticos, quienes señalan al gobierno autonómico por la decisión de “expulsar” a estas fundaciones del sector público andaluz en 2023. Esta medida, según las críticas, ha propiciado un aumento en la participación de empresas privadas y ha obstaculizado la estabilización del personal mediante la eliminación de ofertas de empleo público.
“"Los salarios negociados para el personal de fundaciones biomédicas en 2021, antes de la salida del sector público, eran hasta un 20 por ciento más altos que los de 2026, una vez expulsados del sector público."
Además, se ha puesto de manifiesto la vulneración de la Ley estatal de Investigación Biomédica de 2022, que establece la equiparación salarial entre el personal de las fundaciones y el del SAS. Las diferencias en las condiciones laborales y retributivas entre ambos grupos de profesionales son consideradas “abismales”, a pesar de que a menudo comparten espacios y recursos en los hospitales.
La oposición ha calificado esta situación como parte de una “estrategia de progresiva privatización” que, a su juicio, no valora la investigación biomédica, promueve la fuga de talento y afecta la calidad de la asistencia sanitaria. Por ello, se ha instado al cumplimiento de la Ley de Investigación Biomédica para garantizar condiciones retributivas justas y una carrera profesional para los equipos de investigación, fomentando su integración en el SAS para la sostenibilidad y mejora de la sanidad pública.
