El asunto ha recaído en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 7, a raíz de una demanda por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por uno de los candidatos. Este aspirante ha denunciado la existencia de "presiones" por parte del delegado episcopal para que retirara su candidatura, alegando una supuesta "incompatibilidad".

El juzgado ha citado a las partes para un acto de conciliación el próximo 1 de julio, aunque las posturas se encuentran "enquistadas" y no se prevé un acuerdo. Las candidaturas se presentaron ante la Curia el 3 de octubre de 2025 y la controversia surgió en la víspera de la jornada electoral, el 16 de octubre, cuando el Arzobispado cuestionó la idoneidad del demandante por motivos jurídicos.

Según la demanda, el afectado recibió llamadas del Delegado Episcopal invitándole a retirar su candidatura, y ese mismo día el Arzobispado comunicó a la cofradía su no aceptación. El demandante sostiene que la decisión fue adoptada "sin expediente, sin cargos previos, sin audiencia" y comunicada a la Hermandad antes de recibir el certificado de penales solicitado, a pesar de ser miembro activo desde hace más de 19 años y haber ostentado el cargo de Diputado Mayor de Gobierno.

El conflicto interno, que incluyó la difusión de mensajes de WhatsApp vinculando al aspirante con una causa judicial, provocó la suspensión de la votación. Aunque el proceso se reactivó meses después con la aprobación de ambas candidaturas, el afectado considera que la reparación fue "radicalmente insuficiente" y que el daño a su honor y a la "libre formación de la voluntad del electorado" ya era "irreversible".

Por ello, reclama la nulidad del Cabildo General Extraordinario de Elecciones del 12 de diciembre de 2025 y su resultado, solicitando que el proceso se retrotraiga para celebrar uno nuevo "con plenas garantías de igualdad y transparencia". Adicionalmente, reclama una indemnización de 30.000 euros por daños morales.