La corporación ha trasladado su preocupación ante la imposibilidad de garantizar una tutela judicial efectiva. Según han comunicado, la jurisdicción social es la que presenta una mayor incidencia, afectando a procesos críticos como despidos, reclamaciones salariales o prestaciones de la Seguridad Social.
Esta situación obliga a trabajadores y empresas a esperar periodos superiores a tres años para obtener una resolución. Los profesionales del sector advierten que este colapso genera incertidumbre en los ciudadanos y un perjuicio directo para los letrados, quienes ven dilatado el cobro de sus honorarios hasta la finalización de los procedimientos.
“"Una situación que genera frustración e incertidumbre en los justiciables y, en muchos casos, un inmerecido daño reputacional para el colectivo profesional."
Desde la institución señalan que no se trata de un problema coyuntural, sino estructural, agravado por la falta de planificación en las reformas judiciales y las constantes incidencias tecnológicas. Por ello, reclaman un refuerzo inmediato de las plantillas de jueces, magistrados y personal funcionario, además de una mejora en los recursos materiales y técnicos disponibles en la provincia de Granada.
