El incendio forestal que se desató en agosto de 2024 en las proximidades de Peña Escrita, en la localidad de La Herradura, se erigió como uno de los episodios más críticos de la temporada estival en la costa de Granada. La magnitud de las llamas, su rápida expansión y el severo impacto en el ecosistema y la agricultura local marcaron un antes y un después para el municipio, cuyas secuelas persisten hasta la fecha.
Las llamas se iniciaron en la tarde-noche del 13 de agosto, cerca del camino de Peña Escrita, generando una alarma inmediata. Más de un centenar de llamadas al 112 activaron un vasto operativo del Plan Infoca. Desde el principio, la extinción se vio complicada por las condiciones meteorológicas adversas y la compleja orografía del terreno, con zonas escarpadas y de difícil acceso.
El fuego avanzó rápidamente, impulsado por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, lo que dificultó las labores de los equipos y requirió un refuerzo constante del dispositivo. En el punto álgido, 170 efectivos terrestres y más de una decena de medios aéreos trabajaron incansablemente para contener el avance de las llamas.
Durante varios días, el incendio mantuvo en vilo a la población. La Junta de Andalucía declaró la fase de preemergencia, y varios residentes fueron evacuados preventivamente. Una mujer de 57 años recibió atención médica por inhalación de humo. La situación comenzó a estabilizarse la noche del 14 de agosto, tras más de 48 horas de intenso trabajo, y el incendio fue controlado días después, dando paso a las tareas de remate para evitar rebrotes.
Cerca de 600 hectáreas calcinadas entre las zonas de El Cerval y El Rescate, en las montañas de La Herradura, lo que lo convirtió en uno de los incendios más relevantes de ese verano en la provincia.
El balance final fue desolador: aproximadamente 600 hectáreas calcinadas entre El Cerval y El Rescate, en las montañas de La Herradura, convirtiéndolo en uno de los incendios más significativos de ese verano en la provincia. La superficie afectada incluyó tanto terreno forestal como agrícola, con unas 160 hectáreas de cultivos subtropicales, principalmente de mango y aguacate, completamente arrasadas.
Más allá del daño ambiental, el incendio tuvo un profundo impacto económico y social. Aunque algunos cortijos se salvaron, numerosos agricultores vieron cómo años de esfuerzo desaparecían en cuestión de horas, con explotaciones dañadas y sistemas de riego inutilizados. A esto se sumó la pérdida de producción futura, especialmente en cultivos que requieren varios años para alcanzar su pleno rendimiento.
En los días posteriores al suceso, las administraciones anunciaron medidas de apoyo y la búsqueda de financiación para ayudar a los afectados. Sin embargo, la complejidad administrativa y la necesidad de coordinar diversas competencias han retrasado la llegada efectiva de muchas de estas ayudas. Algunos agricultores han tenido que costear de su propio bolsillo la recuperación de sus fincas, reponiendo plantaciones e infraestructuras, ante la demora en la recepción de los fondos prometidos.
