La propuesta, impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el consistorio, buscaba restringir el uso de estas prendas en los edificios municipales. Sin embargo, el análisis legal concluye que la iniciativa carece de un marco normativo superior que la sustente, lo que impide su aplicación efectiva.
El documento jurídico también advierte sobre el posible conflicto de la medida con derechos fundamentales, como la libertad religiosa, según han indicado fuentes municipales. Esta consideración fue un factor clave en la determinación de su inviabilidad legal.
“"No queremos ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela ni que el islamismo se abra paso en nuestras calles."
El informe fue presentado a los grupos políticos durante la Comisión de Presidencia del ayuntamiento el pasado lunes, semanas después de que la moción fuera aprobada en el pleno de febrero. En aquella sesión, la propuesta de Vox contó con el voto a favor del PP y el rechazo del PSOE.
Durante la defensa de la moción, Beatriz Sánchez Agustino, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, argumentó que la iniciativa respondía a una preocupación social legítima y que debía interpretarse como una cuestión de “sentido común”, desvinculándola de acusaciones de racismo o islamofobia.
