La comunidad vecinal del Barrio de la Cruz en Granada ha convocado una reunión urgente para expresar su rechazo a la inclusión de una parcela municipal, ubicada en la calle Luis Miranda Dávalos, en el plan para el primer parque municipal de vivienda protegida en alquiler. Los residentes argumentan que esta decisión se ha tomado sin consulta previa y que supone la pérdida de un espacio vital para el barrio.

Esta situación evoca polémicas anteriores en otros barrios de la ciudad, como Parque Lagos, donde los vecinos también se manifestaron contra la construcción de viviendas protegidas en solares destinados a equipamientos. En aquel caso, se llegó a un acuerdo para destinar el espacio a usos deportivos y un centro de mayores.

Ramón Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de la Cruz, enfatiza la importancia del solar como un futuro equipamiento para el barrio, sugiriendo usos como un centro para mayores, jóvenes o incluso una piscina pública, ante la saturación de las instalaciones existentes. Reyes aclara que no se oponen a las viviendas de protección, pero señalan la existencia de otros terrenos cercanos aptos para su construcción.

El malestar también se centra en la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado el proceso, sin consultar a los vecinos antes de incluir la parcela en el plan de la Junta. Según Reyes, aproximadamente 400 personas ya han mostrado su desacuerdo y se están planteando medidas, a pesar de haber mantenido una reunión con el concejal de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Granada impulsa este proyecto, que contempla la construcción de 565 viviendas en cinco parcelas municipales que llevaban 25 años sin desarrollar. La iniciativa se enmarca en un plan de la Junta para dedicar solares municipales a vivienda protegida en régimen de alquiler, con concesiones de suelo a promotores privados por 40 o 50 años, asegurando que las viviendas no pasarán a ser de libre mercado.

Las cinco parcelas seleccionadas se ubican en Avenida Luis Miranda Dávalos (73 viviendas), Santiago Rusiñol (200), Francisco Ayala (118), Barbo (164) y Plaza de San Gregorio (10), sumando más de 11.000 metros cuadrados de suelo público. La parcela de la Avenida Luis Miranda Dávalos, de 2.039 metros cuadrados, es la que genera la actual controversia.