En un esfuerzo por abordar la creciente preocupación por el acceso a la vivienda, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha lanzado la Guía de Recomendaciones para una Tramitación Ágil en Materia de Vivienda. El documento, presentado en Madrid por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y la alcaldesa de Granada y presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Marifrán Carazo, ofrece una hoja de ruta para facilitar la construcción de nuevas viviendas. Busca simplificar procedimientos administrativos municipales, reducir cargas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y agilizar los plazos de tramitación.

La guía se fundamenta en experiencias reales y buenas prácticas de diversos municipios españoles, con la contribución de Granada aportando su experiencia en gestión urbanística. El diagnóstico compartido es que el acceso a la vivienda es un problema principal para los ciudadanos y que aumentar la oferta residencial es fundamental. El documento identifica como principales obstáculos los retrasos en licencias urbanísticas, la disparidad de criterios, las dificultades de comunicación, la necesidad de informes sectoriales y la falta de digitalización, señalando que algunas tramitaciones pueden superar los dos años.

Para afrontar estos desafíos, la guía se estructura en seis ámbitos: formación del personal municipal, digitalización, mejora de la organización interna, simplificación administrativa, colaboración público-privada y el papel de las entidades locales en la promoción de vivienda asequible. Entre las medidas propuestas se incluyen el refuerzo de equipos técnicos, la digitalización integral de expedientes, el uso de nuevas tecnologías y herramientas como la declaración responsable, además de mejorar la información urbanística y la colaboración interadministrativa.

Marifrán Carazo enfatizó que facilitar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad compartida, impulsando medidas para aumentar la oferta y ofrecer certidumbre a promotores e inversores. "Necesitamos procedimientos más ágiles que permitan aumentar la oferta residencial y ofrecer mayor certidumbre a quienes quieren invertir y promover vivienda en nuestras ciudades", afirmó. Subrayó la importancia de la seguridad jurídica y la adaptación de los instrumentos urbanísticos a las necesidades actuales, no para reducir garantías, sino para eliminar trámites innecesarios y modernizar procedimientos.

La guía analiza experiencias de ayuntamientos como Granada, Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, A Coruña y San Cristóbal de La Laguna. La participación de Granada se debe a sus medidas para aumentar la oferta residencial, incluyendo la concesión de licencias para más de 3.000 viviendas (más de la mitad protegidas), la creación de una bolsa de suelo para 3.933 viviendas asequibles, y la adhesión al Decreto-Ley andaluz. La renovación del Plan General de Ordenación Municipal busca un crecimiento sostenible y alcanzar los 250.000 habitantes.