La Consejería de Justicia de Andalucía ha instado a la Fiscalía General del Estado a garantizar un reparto equitativo de las nuevas plazas de fiscal, sin recurrir a negociaciones paralelas. Durante una reunión en Granada, se solicitó que la petición de 45 nuevas plazas para la región quedara registrada en el acta de la Comisión Mixta de la Fiscalía Superior.
El consejero José Antonio Nieto expresó su preocupación por evitar un nuevo desequilibrio, similar al ocurrido con Cataluña, que ha solicitado 35 fiscales de un total de 200 nuevas plazas. La Junta de Andalucía defiende que la asignación de fiscales debe basarse en parámetros objetivos, como la población y los niveles de litigiosidad.
Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que Andalucía, con un millón más de habitantes que Cataluña, no debería recibir menos plazas. Además, la región presenta una mayor litigiosidad, especialmente debido al impacto del narcotráfico en zonas como la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, así como su condición de frontera sur, que genera una alta actividad en temas de inmigración y blanqueo de capitales.
La Junta de Andalucía espera poder jugar con las mismas cartas que otros territorios y que los repartos no se acuerden en comisiones bilaterales. No quiere que los repartos se hagan con dobles raseros y que todas las comunidades tengan lo que les corresponden.
La Junta ha recordado que en los últimos dos años, Cataluña ha recibido 181 nuevos magistrados, mientras que Andalucía solo 90, a pesar de tener mayor población y litigiosidad. Esta disparidad se atribuye a acuerdos entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que han influido en la planta judicial catalana.
Para el año en curso, el Gobierno de Pedro Sánchez ya había asignado 91 plazas a nivel nacional, contempladas en un real decreto para la creación de 500 unidades judiciales. Sin embargo, de estas 500 plazas, solo 95 corresponden a Andalucía, una cifra que la Junta considera insuficiente, especialmente tras no recibir ninguna nueva plaza en 2025, mientras Cataluña obtenía 60.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía insiste en que las dotaciones de fiscales deben ser justas y basarse en baremos objetivos, evitando negociaciones que busquen contentar a socios políticos. La creación de estas plazas deberá ir acompañada de los medios necesarios, como ya se hizo en abril con la incorporación de funcionarios en nueve Oficinas Fiscales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga), para atender las nuevas competencias en violencia sexual.
