La formación política que interpuso el recurso confía en que la consejera de Economía considere seriamente la titularidad pública del edificio y los terrenos. Esta acción responde a una demanda del barrio del Albaicín para evitar la especulación turística en la zona.
El recurso argumenta que el procedimiento de enajenación a manos privadas para uso hotelero, impulsado por la Dirección General de Patrimonio, parte de “premisas tramposas”. Se denuncia el daño social al Albayzín y el perjuicio económico al patrimonio público.
“"La Junta pretende desprenderse de un bien público de gran valor social, urbano, paisajístico y patrimonial sin justificar por qué no puede destinarse a un uso público, social, cultural, educativo, vecinal o dotacional."
Además, el recurso advierte que no solo se vende un edificio público, sino un inmueble en un enclave privilegiado con una expectativa urbanística que podría incrementar notablemente su valor. Esta situación es calificada como “urbanismo a la carta”, donde el planeamiento urbanístico no debería usarse para aumentar el valor económico de un bien público, sino para responder al interés general y a las necesidades reales de la ciudad.
La acción legal subraya que, si el expediente demuestra perjuicio económico al patrimonio público, favorecimiento de intereses privados o uso desviado del planeamiento urbanístico, podrían derivarse responsabilidades administrativas, contables, patrimoniales e incluso penales.
