La presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado desde Bruselas que su gobierno ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central. La solicitud incluye medidas cautelares para detener de inmediato esta iniciativa, que la presidenta considera contraria al Estado de Derecho y perjudicial para los servicios públicos.
“"El mensaje no puede ser ante los ojos del mundo: 'En España no hay ley. En España es barra libre, ven a España sin ningún tipo de papel ni de orden'."
La presidenta ha criticado que la medida busca regularizar a extranjeros que acrediten su estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026 y con cinco meses de residencia continuada, lo que, a su juicio, promueve una "regularización masiva" de personas con poca permanencia en el país. Ha diferenciado esta situación de aquellos que llevan años en España y necesitan una vía legal.
Asimismo, ha expresado su preocupación por la posible tensión que esta regularización generaría en los servicios públicos, como la sanidad y la educación, cuya gestión recae en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Ha insistido en la necesidad de "ley y orden" para garantizar un equilibrio y una integración real, evitando el colapso de los servicios.
En otro orden de cosas, la presidenta madrileña ha aprovechado su intervención para criticar al Gobierno central y al PSOE, haciendo referencia a los mensajes intercambiados entre la presidenta del Congreso de los Diputados y un asesor durante la pandemia. También ha destacado la próxima concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a una opositora venezolana, contrastando este acto con una reunión de mandatarios en Barcelona.
