El estudio, basado en 2.050 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años en todas las comarcas de la provincia, excluyendo la capital, muestra un cambio notable en las prioridades ciudadanas. La preocupación por la movilidad ha experimentado un aumento drástico, pasando del 4,6% al 12% en solo un año, lo que la sitúa por delante de la sanidad, el paro y la política general. La vivienda, aunque sigue siendo la principal inquietud, ha descendido ligeramente del 49,5% al 47%.
Esta creciente inquietud es particularmente intensa en zonas como la Axarquía, la Costa del Sol Occidental y las comarcas de Antequera y Guadalteba, donde los ciudadanos expresan mayores dificultades en el transporte. La valoración media de los desplazamientos apenas alcanza el aprobado, con un 5,08 a nivel comarcal y un 5,31 en el conjunto provincial.
La movilidad ha dejado de ser una queja secundaria para convertirse en una demanda central de la provincia. El malestar ciudadano ya no se limita a incidencias aisladas, sino que señala una necesidad estructural de nuevas infraestructuras y mejores conexiones en un territorio que sigue creciendo y que exige respuestas a la altura.
Entre las soluciones más demandadas por los malagueños, destaca la ampliación del Cercanías por la Costa del Sol hasta Algeciras, una iniciativa conocida como el tren litoral del Mediterráneo andaluz, que cuenta con un 25,7% de apoyo. Este proyecto busca conectar por ferrocarril el litoral entre Nerja y Algeciras, aliviando la congestión en la A-7 y la AP-7 y ofreciendo una alternativa al vehículo privado. Actualmente, el Ministerio de Transportes está elaborando su estudio de viabilidad, licitado a finales de diciembre de 2024 y adjudicado en mayo de 2025.
Otras medidas con un respaldo significativo incluyen la liberación del peaje de la AP-7 (20,5%), la mejora de las líneas de Cercanías existentes (13,1%), la ampliación de la A-7 entre Vélez-Málaga y El Palo (12,5%), el refuerzo de los autobuses interurbanos (12,4%) y la mejora de la A-357 entre Málaga y Campillos (10,7%).
El barómetro también subraya que casi tres de cada diez encuestados (29,9%) consideran que las infraestructuras de movilidad deben ser la prioridad en las inversiones provinciales. En cuanto a las administraciones, el Gobierno central es percibido como el más capacitado para abordar estos problemas (40,9%), seguido por la Junta de Andalucía (31,6%), los ayuntamientos (13,5%) y la Diputación (3,8%).
