El proceso de adjudicación del contrato de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales en Almonte, que abarca Matalascañas, El Rocío, el polígono industrial de Matalagrana y el núcleo urbano, ha generado controversia. Con un valor de 188,5 millones de euros, ampliable a más de 215 millones con prórrogas, la propuesta final no ha recaído en la oferta que representaba el mayor esfuerzo económico para el Consistorio.

La empresa FCC Aqualia había comprometido 23 millones de euros, incluyendo un canon inicial de 18 millones y un fondo de obra de 5 millones a lo largo de los 25 años de concesión. Por su parte, Sacyr-Orthen planteaba una inversión continuada de 210.000 euros anuales, sumando 5,25 millones en el periodo, elevando su compromiso global a 21,9 millones de euros. A pesar de estas ventajas económicas, ninguna de ellas fue determinante en el resultado final del concurso.

La clave de esta decisión radica en una brecha técnica de más de 17 puntos a favor de la UTE Aqualmonte, obtenida mediante criterios sujetos a juicio de valor. Esta diferencia, considerada inusual en licitaciones de esta envergadura, permitió compensar una menor aportación económica directa a las arcas municipales, desplazando el peso decisorio de los criterios financieros a los técnicos.

Este desequilibrio se produjo tras la eliminación de un primer informe técnico, elaborado por Aymed, que fue descartado por presentar omisiones e inconsistencias. La necesidad de un segundo informe corrector, elaborado por Are Asesores, fue lo que permitió establecer una diferencia técnica significativa que inclinó la balancela hacia la UTE Aqualmonte, subordinando la comparación económica a una valoración subjetiva.

Además, la participación de Are Asesores no fue conocida por los licitadores hasta el 26 de marzo, impidiendo el ejercicio del derecho de recusación. El técnico que firmó el informe de Are Asesores, Ángel Cárdenas, fue gerente de Aqualia en Algeciras y de la empresa mixta Emalgesa, siendo despedido en julio de 2008 por “gestión irregular”. Este hecho, de haberse conocido, habría motivado una recusación por conflicto de interés, según la propia compañía.