La llegada de los Tribunales de Instancia a Córdoba es vista por los profesionales del derecho como un paso histórico, marcando una transformación radical del sistema judicial. Sin embargo, a un mes de su inauguración, el proceso aún se encuentra en una fase de adaptación, con expedientes que se están organizando en sus nuevas ubicaciones.
Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, confirma que la reorganización ha sido profunda, sin afectar la función jurisdiccional. Destaca que la Audiencia Provincial se ha constituido como un tribunal único para la tramitación y ejecución de procedimientos. Aunque el servicio no se ha interrumpido, Pareja reconoce "deficiencias graves en materia de informática por caídas del sistema de gestión y por lentitud".
Uno de los problemas más acuciantes, según Pareja, fue la imposibilidad de los funcionarios encargados de la ejecución de acceder a todos los procedimientos hasta hace poco, una situación que se ha resuelto gracias al "esfuerzo del propio personal funcionario y de los letrados de la Administración de Justicia". El presidente subraya que el sistema está en fase de ajuste y que "ha cambiado absolutamente toda la forma de trabajar de organización y de trabajo de la Oficina Judicial", valorando el compromiso general del personal.
“"Estamos en adaptación del funcionamiento a la nueva realidad. Todos, absolutamente todos, estamos en periodo de adaptación y, por tanto, todos con ilusión."
No obstante, Pareja advierte sobre carencias estructurales, como la falta de cobertura de bajas por enfermedad, vacantes y jubilaciones, enfatizando que "esta Ley de Eficiencia en la Justicia no puede implantarse a presupuesto cero. Eso es imposible y se sabe".
Por su parte, Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, considera prematuro hacer una valoración definitiva debido al corto tiempo transcurrido y las dificultades inherentes a cualquier transición. Sin embargo, reconoce el "esfuerzo realizado por la Administración de Justicia en Córdoba en la organización del traslado, la adaptación de los espacios y la reordenación de los servicios".
No resolverá los problemas estructurales si no viene acompañado de medios personales y materiales.
La Abogacía coincide en que la sobrecarga de trabajo, la falta de planificación y la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas están afectando el día a día de los profesionales. Arias cree que la reforma puede ofrecer mejoras, pero su éxito dependerá de una visión estructural que garantice los recursos necesarios para un servicio público ágil y de calidad.
María José Carralero, decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, destaca los problemas informáticos y la falta de personal como puntos críticos que causan un grave perjuicio. Lamenta una "desorganización inicial" y una "deficiente" implantación que afecta el trabajo diario de los procuradores, evidenciada por una significativa bajada en el número de notificaciones. Esta situación genera incertidumbre procesal y dificulta la localización de expedientes, además de señalar la deficiencia del sistema informático al carecer de un expediente electrónico accesible para los procuradores.
