Las conversaciones se centran en la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz el 2 de diciembre de 2025 con el apoyo exclusivo del PP-A y el rechazo de Vox, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El Ejecutivo central considera inconstitucionales varios puntos de esta normativa.

El acuerdo para iniciar estas negociaciones fue recogido el 23 de marzo por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este pacto se hizo público este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Entre los artículos cuestionados se encuentran el 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96. Las discrepancias abarcan desde las definiciones de vivienda y su tipología, hasta los mecanismos de colaboración público-privada para la construcción de vivienda protegida, los usos compatibles en suelos de equipamiento comunitario público, y aspectos relacionados con el Libro del Edificio y el Manual del Usuario de la Vivienda.

También se discuten las obras de redistribución y mejora en edificios de viviendas, la regulación de agentes inmobiliarios especializados, y la gestión del parque público de vivienda. La disposición final tercera, que modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía (aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio), también es objeto de controversia, especialmente en lo referente al procedimiento de selección de adjudicatarios y la calificación provisional de las viviendas.